El calvario dura ya una semana y le quedan, al menos, tres más. El aplazamiento de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional, prevista en principio para el 2 de junio y fijada ahora para dos semanas más tarde, alarga la agonía de un Ejecutivo atrapado entre la defensa pública de uno de sus principales referentes y la urgencia de que sea él mismo quien contribuya a aclarar cuanto antes las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama.
Desde el estallido del escándalo hace justo ocho días, en la Moncloa contienen la respiración a la espera de las explicaciones de Zapatero y ante el aluvión de informaciones sobre sus negocios privados, e incluso su vida familiar, procedentes del sumario del caso y de los informes de la UDEF. Para preparar su defensa a conciencia, el equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente este martes retrasar la citación del 2 de junio, una fecha a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político. Algo para lo que ahora tendrán que esperar, como mínimo, hasta el 17 de junio.
“Da igual si nos gusta o no nos gusta, tenemos que respetar su estrategia de defensa”, se limitan a comentar en la Moncloa sobre el retraso de la comparecencia. Aunque el mensaje oficial no ha variado y asegura el Ejecutivo que Pedro Sánchez mantiene su respaldo al expresidente, los mensajes públicos empiezan a impregnarse de una cautela mayor a la del propio Sánchez cuando, hace una semana, defendió explícitamente a Zapatero. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, le contestó a Feijóo en la sesión de control. Una contundencia que sorprendió incluso entre algunos ocupantes de la propia bancada socialista.
