El Tribunal de la ONU y el Tribunal Penal Internacional abordan posibles actos genocidas y de crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto
La guerra de Gaza ha sumido a Israel en un ciclo legal de denuncias sin precedentes ante la justicia internacional. El Gobierno israelí, que califica la situación de “ataque existencial”, se enfrenta a causas en dos instancias internacionales diferentes: el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI).
El primero resuelve litigios entre Estados. Sudáfrica presentó en 2023 una demanda por presunta violación de la Convención contra el Genocidio en territorio palestino por la guerra de Gaza. El otro órgano judicial persigue, en cambio, a personas. Los jueces ordenaron en 2024 el arresto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el de su entonces titular de Defensa, Yoav Gallant. También el de Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Deif, líderes de Hamás. La acusación es por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja, si bien los tres dirigentes islamistas han muerto, abatidos por Israel.
¿Qué recorrido puede tener la acusación de genocidio y qué supone la negativa de Israel a reconocer las resoluciones dictadas por ambos tribunales? Israel respondió con una declaración de guerra en Gaza a las atrocidades y asesinatos liderados en 2023 por Hamás en los ataques del 7 de octubre. La Convención contra el Genocidio es de 1948 y obliga a todos los Estados a vigilar su cumplimiento.
