Cada nueva política que impone el gobierno argentino a la sociedad, revela su ignorancia en materia económica y social. Pese a las evidencias de sus nocivos impactos, tanto a nivel macro como micro, se insiste por un camino que causa daños irreparables a la estructura económica y social del país. La llamada Ley de Reforma Laboral es un dato más de esta tragedia, apoyada por gobernadores y legisladores de diversos colores. Que entierra cada vez más a la sociedad argentina en arenas movedizas de donde será difícil salir. Este engendro legal, junto con otras políticas, busca continuar con la “desregulación” del mercado laboral que ya se viene verificando hace tiempo en el país. Este proceso busca dos objetivos centrales: la mayor precarización de las condiciones de trabajo en el puesto de empleo y la mayor “flexibilización salarial” tendiente a aumentar la dispersión en las remuneraciones laborales. El repetido discurso oficial pretende que,de este modo,la fuerza laboral se esforzará más y será más productiva. Flexibilizar los salarios para que se vinculen con las diferentes productividades y rentabilidades, ampliaría las diferencias salariales, lo cual sería positivo porque favorecería la productividad y con ello la economía se volvería más eficiente y competitiva. Luego de un (incierto) tiempo, esto estimularía el crecimiento económico y del empleo.