El estallido social en Bolivia cruzó una línea sin retorno. Después de negarlo rotundamente, el Gobierno tuvo que admitir que un manifestante de 24 años murió por un disparo de arma de fuego durante los choques del fin de semana. El crimen le tiró más nafta al fuego de una crisis que ya lleva casi un mes, con una capital cercada por los piquetes, un desabastecimiento brutal y un reclamo popular que unificó sus banderas detrás de una sola consigna: que el presidente Rodrigo Paz se vaya a su casa a solo seis meses de haber asumido. La confirmación del asesinato llegó a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez. Acorralado por el certificado de defunción que probaba el ingreso de un "proyectil de arma de fuego", el funcionario intentó despegar a las fuerzas de seguridad del operativo fallido. “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, dijo, para luego remarcar que los escuadrones antidisturbios tienen prohibido usar balas de plomo o de goma. “Esto tuvo un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, aseguró.
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