“Hay una responsabilidad”, defiende la consejera de Desarrollo Educativo en funciones. La joven se quitó la vida en octubre después de que su madre advirtiera a la dirección del centro de que estaba sufriendo acoso
La Junta de Andalucía va a abrir expediente sancionador al colegio concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla al que acudía la joven de 14 años Sandra Peña, que se quitó la vida el pasado mes de octubre. La madre de la menor había advertido al centro de que su hija estaba sufriendo bullying por parte de tres compañeras, pero la dirección no abrió el protocolo antiacoso ni informó a la Inspección educativa, como es preceptivo y constató la administración autónoma. Para la Consejería de Desarrollo Educativo, esa conducta negligente es decisiva de cara a la continuación de la vía administrativa, que podría concluir con la pérdida del concierto. “Hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura del protocolo”, ha defendido esta mañana Carmen Castilla, la consejera en funciones.
Su opinión difiere del fallo dictado hace unas semanas por el juez que investigaba la actuación del colegio y que decidió archivar la querella que interpusieron los padres de Sandra por entender que “el protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que, de haberse adoptado, se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”. Una decisión adoptada en sintonía con la Fiscalía de Menores, que pidió el sobreseimiento por los mismos motivos y que la familia de la joven va a recurrir.
