El 20 de julio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el nombramiento de Helena Beunza Ibáñez como secretaria general de Vivienda. La nueva alto cargo llegó procedente de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), donde era directora general, cargo que compaginaba con la vicepresidencia de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). No habían pasado ni dos años cuando, en febrero de 2020, Beunza salió de manera acelerada del ministerio. Moncloa había decidido que su puesto era para David Lucas, actual secretario de Estado de Vivienda y persona de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El propio jefe del Ejecutivo fue quien dio un golpe en la mesa para que el por entonces recién dimitido alcalde de Móstoles tomara las riendas de una de las áreas más relevantes de las legislaturas socialistas. Beunza volvió a Valencia, donde siempre mantuvo el hogar familiar, y rápidamente inició una fulgurante actividad con un nutrido número de ayuntamientos de su comunidad natal, la inmensa mayoría de ellos, gobernados por el PSPV-PSOE. En concreto, según ha podido acreditar El Confidencial con datos obtenidos del portal de transparencia, la exsecretaria general de Vivienda suma casi 70 contratos menores, las popularmente conocidas adjudicaciones 'a dedo', ya que se pueden asignar sin necesidad de publicar ofertas. La suma de todos estos acuerdos roza los 780.000 euros, dinero que Beunza ha facturado a 28 municipios diferentes a lo largo de algo más de cinco años, lo que arroja una media de 156.000 euros al año. Todos los ayuntamientos con los que ha trabajado están ubicados en la Comunidad Valenciana, con la única excepción de Pinto, que le adjudicó un contrato de 14.500 euros (17.545 euros IVA incluido), cuando el gobierno municipal del PSOE estaba en funciones. El límite para ser contrato menor son 15.000 euros, IVA aparte. El 85% del negocio que ha conseguido la exalto cargo ha sido en localidades o entidades que estaban en manos del PSPV-PSOE cuando se dio el contrato. En concreto, se trata de La Vall d'Uixó, Mancomunidad de la Ribera Baixa, Mislata, Picanya, Chella, Alfara del Patriarca, Moncada, Picassent, Burjassot, Geldo, Silla, Pinto, Alcántera de Xúquer, Rafelbunyol, Soneja, Faura, Castellón de la Plana, Alborache, San Juan de Alicante (donde tenía un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos), Yátova, Sagunto y Oropesa del Mar. En esta localidad castellonense fue donde Beunza se adjudicó su primer contrato, apenas ocho meses después de salir del Ministerio. Para entonces, ya tenía el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Interés, que le autorizó el ejercicio libre de la abogacía como autónoma. Bajo esa luz verde, Beunza firmó un "contrato menor del servicio de refuerzo de los servicios de asesoramiento jurídico en materia urbanística y medioambiental" de 5.687 euros, IVA incluido. Pero, a partir de 2021, Beunza empezó a operar a través de su propia consultora, Legal Consulting URBHE, que creó ese mismo año. A partir de ese momento, amplió el objeto de sus servicios del puramente jurídico al más inmobiliario, asesorando en la gestión de ayudas a la regeneración y renovación urbana, estrategias de rehabilitación y captación de fondos públicos. Helena Beunza y David Lucas. (EC) Esta faceta raya más con lo permitido por la Oficina de Conflictos de Interés, ya que se trata de actividades que guardan relación directa con las funciones que ejercicio en su etapa de alto cargo. Antes de que se cumplieran los dos años de su salida del Ministerio, plazo máximo que marca el periodo de posibles incompatibilidades, URBHE se adjudicó 13 contratos menores, por un importe total de 148.588 euros, según puede comprobarse en el portal de contratación pública. Todos ellos fueron con municipios socialistas, con la única excepción de Teulada, ayuntamiento donde justo unos meses antes de estas adjudicaciones, en febrero de 2021, el PP se hizo con el poder al conseguir sacar adelante una moción de censura contra Compromís con el apoyo de dos ediles tránsfugas del PSPV. Otro caso significativo es Alicante, municipio también en manos de los populares, donde la consultora de Beunza se llevó en 2024, en apenas cinco meses, siete contratos con el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, el mismo encargado de adjudicar las VPO que han terminado en los tribunales. Por entonces, además, la exalto cargo ya estaba al frente de Asval, el lobby de los fondos inmobiliarios, que la eligió tras el fallido fichaje de Isabel Pardo de Vera, a quien el Gobierno le negó la luz verde de la Oficina de Conflictos de Interés después de que este diario adelantara cuál iba a ser su nuevo destino. San Juan de Alicante, donde previamente estuvieron los socialistas, Torrevieja y Estubeny son los otros municipios del PP donde URBHE se ha llevado contratos. A ellos se une Polinya de Xúquer, en manos de Esquerra Unida, con dos adjudicaciones que suman 30.000 euros, y Alberic, gobernado por el partido independiente de la localidad, que también le ha dado dos contratos por un total de 35.000 euros. Ante las preguntas planteadas por este medio, Beunza ha señalado que "Urbhe es un despacho especializado en el asesoramiento jurídico y la consultoría en materia de urbanismo y vivienda. Cuenta con un equipo con amplia experiencia en derecho, urbanismo, medio ambiente y gestión pública. El despacho ha trabajado y continúa trabajando con ayuntamientos e instituciones de distinto signo político. La profesionalidad y la experiencia son los ejes de actuación". Además, ha detallado que "Urbhe presta servicios de asesoría jurídica y técnica integral en todas las fases de planeamiento, gestión y ejecución urbanística. También asesora en la tramitación de permisos, elaboración de ordenanzas y cumplimiento normativo en entornos complejos. Aporta asistencia jurídica especializada en el ámbito de la administración pública: redacción y supervisión de pliegos, asesoramiento en procesos de licitación, expedientes de rehabilitación de barrios vulnerables, evaluación de ofertas y defensa ante recursos o reclamaciones". Alerta en Compromís La lluvia de contratos menores que se ha adjudicado URBHE ha puesto ya en alerta a Compromís, formación que ha levantado la voz de alarma en Picanya. En este municipio de 11.900 habitantes, la consultora de Beunza se ha llevado cinco contratos que suman 72.600 euros. La repetición de adjudicación de tantos contratos menores llevó a los concejales de esta formación a pedir el expediente completo al alcalde de la localidad, pero este se negó. Entonces, acudieron al Síndic de Greuges, que les dio la razón. Al poder ver el expediente completo, han comprobado que todas las adjudicaciones, salvo una, se hicieron sin pedir siquiera otras ofertas. Además, están investigando otros dos contratos, uno en Picanya y otro en Rafelbunyol, municipio donde URBHE suma cinco contratos por 53.600 euros, que, sospechan, podrían haberse adjudicado, directamente, a un colaborador de Beunza. Al ver el expediente completo, Compromís ha comprobado que todas las adjudicaciones, salvo una, se hicieron sin pedir siquiera otras ofertas En Compromís llaman especialmente la atención en la conexión funcional, ya que, durante su etapa en el Ministerio y en EVHA, Beunza participó en el diseño y coordinación de los planes estatales de vivienda ,que incluyen estos programas. Posteriormente, su empresa está prestando asistencia a ayuntamientos para implementar esos mismos instrumentos. Además, la mayoría de contratos presentan características muy homogéneas: importes entre 12.000 y 14.900 euros, justo por debajo del límite que permiten los contratos, con URBHE como única oferta en el 90% de los casos.