Hay informes que admiten interpretación y otros que, sencillamente, interpelan. El elaborado por Ceddd pertenece a esta segunda categoría y lo presentamos este lunes día 25 de mayo en el Congreso de los Diputados. No es opinable. Es el reflejo directo de más de dos mil familias que han decidido poner voz a una realidad que la administración lleva demasiado tiempo ignorando.Lo que este informe revela no es una suma de casos aislados, sino un patrón estructural: la Lomloe proclama inclusión, pero el sistema educativo no la garantiza. Entre la norma y la vida cotidiana de los alumnos con discapacidad se abre una brecha profunda, dolorosa y persistente. Una brecha hecha de recursos insuficientes, apoyos que no llegan y derechos que, en demasiadas ocasiones, se quedan en el papel.Pero si algo resulta especialmente grave no es solo la carencia material, sino la ausencia de empatía institucional. Las familias describen un recorrido marcado por la burocracia, la falta de escucha y la sensación constante de tener que luchar por lo que debería estar garantizado. Cuando de derechos se trata, tener discapacidad, penaliza.Este déficit de respuesta pública no solo perjudica a los menores; fragmenta la sociedad. Consolida una ciudadanía en dos velocidades: quienes acceden a sus derechos con normalidad y quienes deben justificarlos y reclamarlos continuamente. Lo dicho: La discapacidad sigue siendo, en la práctica, un factor de desigualdad estructural.Además, el informe desmonta uno de los grandes discursos del sistema: el de la inclusión como hecho consumado. Porque no hay inclusión cuando no hay participación, cuando no hay acompañamiento y, sobre todo, cuando no hay pertenencia. La convivencia escolar, lejos de ser un espacio seguro, refleja con demasiada frecuencia dinámicas de exclusión que el sistema no logra prevenir ni corregir.Las familias, mientras tanto, sostienen lo insostenible. Se convierten en interlocutores permanentes, en defensoras de derechos básicos, en el soporte invisible de un sistema que debería protegerlas.Este informe debería ser suficiente. Suficiente para incomodar, para reaccionar, para actuar. Porque cuando miles de familias coinciden en el diagnóstico, ya no hablamos de percepción: hablamos de realidad. Y ante una realidad tan contundente, el Estado no puede seguir mirando hacia otro lado.La inclusión no se anuncia. Se cumple. Y hoy, claramente, no se está cumpliendo ni de lejos.