Fue una de las frases más aplaudidas por los adherentes que llegaron hasta la Plaza de la Constitución el pasado 11 de marzo para presenciar el cambio de mando. Desde el balcón de La Moneda, en su primer discurso como Presidente, José Antonio Kast anunció una “auditoría total” al aparato estatal.“Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas para conocer el estado de la Nación, porque esto no se soluciona con un discurso, se demuestra con los hechos. Si las cosas están bien hechas, lo vamos a agradecer. Si hay cosas que se hicieron mal, las vamos a corregir”, afirmó ese día.Poco más de dos meses después, el gobierno dio a conocer este lunes los primeros resultados de ese proceso. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, encabezó una presentación junto a los subsecretarios Máximo Pavez (Interior), Juan Pablo Rodríguez (Hacienda); el director de Presupuestos, José Pablo Gómez; el auditor general de gobierno, Cristián Muñoz; y el asesor presidencial Francisco Riveros, donde se expusieron las primeras alertas levantadas por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, constituido el pasado 20 de marzo.Según se detalló, la revisión abarcó más de 913 millones de registros de datos correspondientes al período de la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), provenientes de más de 500 servicios públicos. A partir de ese análisis se detectaron “alertas” y un eventual riesgo fiscal que involucra recursos públicos por US$ 9.200 millones.Sin embargo, la subsecretaria insistió en que las cifras expuestas no implican automáticamente delitos o fraudes. “Es importante señalar que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones, errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”, afirmó Castillo.Uno de los puntos que más enfatizó el Ejecutivo fue la detección de US$ 3.200 millones en pagos postergados desde 2025 hacia 2026, equivalentes -según cálculos de gobierno- a cerca de un 1% del PIB. Entre los programas y áreas afectadas aparecen proveedores de salud, servicios de alimentación escolar de la Junaeb, gratuidad universitaria y cerca de 10 mil pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado.Sobre ese punto, la subsecretaria sostuvo que “esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales”. Y añadió que “el monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric”.Junto con ello, el gobierno anunció la apertura de investigaciones específicas en cuatro organismos públicos donde -según sostuvo- existen antecedentes particularmente relevantes.Uno de ellos es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), donde se revisarán eventuales irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo pagos por servicios presuntamente no realizados y posibles sobreprecios.También se instruyeron indagatorias en la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Prodemu) por presunto uso ineficiente de recursos públicos y falencias de control; sobre la Subsecretaría de Transportes por problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías; y respecto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), donde se detectaron altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.Otra de las alertas expuestas por el Ejecutivo apuntó al uso reiterado de mecanismos excepcionales de compras públicas. De acuerdo con los antecedentes entregados por el comité, entre 2022 y 2026 se identificaron más de US$ 3.170 millones en adquisiciones realizadas mediante trato directo o compra ágil en contextos donde -según plantea el comité de auditoría- existían condiciones para efectuar licitaciones públicas u otros mecanismos competitivos.“Detectamos que se usó con normalidad y de forma recurrente la compra ágil o el trato directo, que son mecanismos pensados como excepcionales para la contratación pública”, afirmó Castillo. La número dos de la Segpres agregó que este tipo de prácticas “puede derivar en la fragmentación”, consistente en dividir montos para realizar compras bajo los umbrales que obligan a licitar públicamente.Así, el informe identifica organismos con alta concentración de compras bajo estas modalidades, entre ellos la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), el Registro Civil, Junaeb y distintos servicios hospitalarios.Desde el Ejecutivo recalcaron que, en caso de confirmarse hallazgos, los antecedentes serán remitidos a los organismos que correspondan, entre ellos, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público, para la eventual determinación de responsabilidades.