Nación | 24-05-26 | 14:12 | Actualizada | 24-05-26 | 14:12 | Ulises UribeVer perfilLa Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que logró inhabilitar por 10 años a una persona servidora pública por desviar recursos públicos, derivado de las acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.A través de un comunicado, explicó que la sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Ruth L, asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato, por asignar recursos públicos a un tercero ajeno a la institución, por medio de cheque por la cantidad de 913 mil 952 pesos 32 centavos sin fundamento jurídico.En ese sentido, detalló que la persona sancionada tiene derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá la resolución con la misma firmeza con que fue investigado el caso, es decir, apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada.Lee también PAN llama a manifestarse contra “persecución política” a Maru Campos; advierte “uso faccioso de las instituciones del Estado”Además, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la página de Internet https://sidec.buengobierno.gob.mx/.Asimismo, reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.em[Publicidad]
Anticorrupción sanciona a servidora del ISSSTE por 10 años
Ruth L se desempeñaba como asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato
La Secretaría Anticorrupción inhabilitó por 10 años a Ruth L., asistente administrativa del ISSSTE en Guanajuato, tras desviar 913,952 pesos mediante cheque sin fundamento jurídico a un tercero ajeno a la institución. La sanción, impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señala que los mecanismos de control interno del sector público mexicano están produciendo resultados ejecutables con consecuencias reales para funcionarios que desvían recursos.














