A finales de 2024, un chaval de 17 años y nacionalidad belga viajó en avión hasta la Costa del Sol. Llegó con una misión clara. Y la madrugada del 7 de diciembre se dispuso a cumplirla. Esperó, agazapado, encapuchado, con la cara cubierta, frente a un club cannábico de Fuengirola (Málaga, 83.226 habitantes). Cuando vio a la persona a la que supuestamente debía matar, le disparó 18 veces con un arma de guerra, que tiró bajo un coche para después huir en bicicleta. En una compleja operación policial fue detenido Bélgica en junio de 2025 y extraditado a España un mes más tarde. Pasó nueve meses de internamiento preventivo pero en abril fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Ahora el acusado, pendiente de un juicio por el asesinato, está “ilocalizable”, según fuentes jurídicas. “Es todo un despropósito, un desastre”, lamentan fuentes policiales, que alertan del riesgo de fuga. El asesinato llamó mucho la atención. Y no solo porque significó otro caso en la larga lista de ajustes de cuentas en la Costa del Sol. También porque era la primera vez que quien apretaba el gatillo era un menor de edad. Había dos antecedentes previos, pero en ambas ocasiones los intentos de asesinato habían sido frustrados por policías. Esta vez no pudo ser. Y a la mañana siguiente las marcas de las balas aún se podían ver en las fachadas cercanas. Pronto se supo, eso sí, que el sicario se equivocó de víctima: con su arma semiautomática Tokarev mató por error a Jasin Ajar, un joven de 25 años que había viajado a Málaga para pasar un año sabático y había encontrado trabajo en el centro cannábico. El objetivo real era otro. La investigación que desarrolló el Grupo II de Udyco de la Policía Nacional en Málaga fue coordinada por el juzgado de Instrucción 4 de Fuengirola y en ella se pudo averiguar que el tiroteo se enmarcaba en el crimen organizado de Países Bajos. También quién había sido el autor material y quién pagó al supuesto asesino. Se identificaron, además, varios cooperadores directos. Uno de ellos fue detenido el 11 de diciembre en Torremolinos y otro fue abatido a tiros en Ámsterdam después de que disparase a los policías que fueron a arrestarle. Luego cayeron cuatro personas más: el 3 enero, la persona que realizó el encargo y el 17 de junio, tres mujeres que habían trasladado el fusil de asalto desde París hasta la Costa del Sol. El último en caer fue el sicario, arrestado en la ciudad de Gante el 20 de junio en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Días después de su arresto, ya en julio, el chaval fue extraditado a España. Para entonces tenía 18 años, pero como el delito lo cometió antes de cumplirlos, su caso se sigue rigiendo por la ley de Responsabilidad del Menor. En Málaga declaró ante la Fiscalía de Menores y, después, la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Málaga, plaza número 1, le envió a un centro de internamiento en régimen cerrado. Ahí pasó seis meses, que se prorrogaron tres más mientras la fiscalía continuaba con la instrucción. Esos nueve meses suponen el máximo legal que un menor de edad investigado, sospechoso o acusado puede pasar internado de manera preventiva si antes no se ha podido celebrar el juicio, como ocurre en este caso, así que el juez no tuvo más remedio que dejarlo en libertad. La clave estuvo en que “nadie pidió medidas cautelares” entonces, revelan fuentes jurídicas. La Fiscalía no lo hizo. Y tampoco la acusación particular, aunque las mismas fuentes no pueden aclarar si su llegada al caso fue antes o después de la puesta en libertad del acusado. Sin medidas cautelares —es decir, sin la obligación de acudir al juzgado periódicamente a firmar o entregar su pasaporte y no salir del país— ahora el presunto asesino está “ilocalizable”, según han informado fuentes jurídicas. Por eso el juzgado ha solicitado a la policía que dé con su paradero, pero los agentes todavía no han informado de sus gestiones al juzgado. Nadie sabe dónde está. Tampoco se ha dictado orden de búsqueda y captura porque el juez está a la espera de esa información policial. El objetivo para dar con él es obvio: está pendiente de ser juzgado por el asesinato. El resto de detenidos en la operación están en Países Bajos, la nacionalidad de todos ellos. También de la víctima.Se trata de la tercera persona supuestamente relacionada con las mafias de Países Bajos y Bélgica que queda en libertad por errores o negligencias procesales en los últimos años. En septiembre pasado, un error en el proceso de extradición de España a Países Bajos dejó en libertad a uno de los líderes de una peligrosa mafia holandesa, Mocro Maffia, detenido desde el mes de junio anterior. Firass Taghi, de 24 años y primo del peligroso capo Ridouan Taghi, acabó apresado el pasado 21 de junio mientras intentaba abandonar el país, rumbo a Marruecos, por el puesto fronterizo de Tarifa. Desde entonces, había estado en las prisiones de Algeciras y Málaga, hasta que el pasado 12 de septiembre, un auto de la Audiencia Nacional le dejó en libertad, después de que se hubiesen excedido los plazos legales establecidos de diez días —prorrogables otros diez— para la entrega a las autoridades holandesas. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional puso fin a su estancia en prisión, después de admitir parcialmente el recurso de apelación del abogado de Taghi, Juan Manuel Aido. La Audiencia consideró que se habían excedido los plazos en el último paso de entrega, cuando la orden debía llegar a una oficina dependiente de la Dirección General de la Policía Nacional para que se hiciese efectiva. En abril de 2024, otro líder de la Mocro Maffia, Karim Bouyakhrichan, alias Taxi, acabó en paradero desconocido, después de que fuera excarcelado tras una supuesta descoordinación entre la Audiencia Provincial de Málaga y la Audiencia Nacional. Mientras que la primera ordenó su puesta en libertad un mes y medio después de que ingresara en prisión por blanqueo de capitales en España, la Audiencia Nacional tramitaba la extradición que habían solicitado las autoridades del país europeo. Taxi se esfumó después de quedar en libertad con una fianza de 50.000 euros.“Es un despropósito”El consulado de Bélgica en España ha mostrado sus quejas por lo ocurrido. “Asuntos Exteriores tiene conocimiento de este caso. Pero al tratarse de un caso individual no podemos proporcionar más información para respetar la legislación sobre privacidad”, explican desde el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de Bélgica. “Es un despropósito”, critica un agente de la Policía Nacional. “Fuga segura”, advierte otro. “Los compañeros hacen un trabajo enorme y luego pasa esto. Imagínate la moral de los agentes”, subraya otro investigador. “Lo que pedimos no son ya ni más medios materiales: solo que los juzgados funcionen”, añade quien se queja de cómo en casos como este, los sospechosos quedan en libertad con un “claro riesgo de que se les vuelva a ver”.