EDITORIALLa Contraloría General de Cuentas no debe estar a merced de pactos subrepticios.
De entrada, el cuestionado rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, no debería participar ni siquiera en la designación de dos representantes de los rectores universitarios para la postuladora de contralor general de Cuentas, porque tiene un grueso, obvio e ineludible conflicto de intereses, carece de finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas, lo cual debió haber impedido su participación reeleccionaria en la ominosa votación del 8 de abril último y en todo caso sería un argumento adicional para invalidar tal amaño y exigir un proceso público y participativo.
Pero no es el único tentáculo que hay que cortar: allegados de dicho personaje figuran en rectorías y decanaturas de dos universidades recién creadas con el obvio fin de incidir en esta clase de procesos, con al menos cuatro votos comprometidos. Por no tener estudiantes y menos aún egresados, dichos planteles deberían abstenerse de figurar, por elemental ética. En los tiempos que vive el país, no hay lugar para convenencierismos sucios colados a través de intersticios leguleyos.
La misión de la Contraloría General de Cuentas y, por ende, de su titular, debe girar alrededor de un solo objetivo: garantizar la cuentadancia. Auditar el gasto público es una tarea que precisa de méritos técnicos, independencia y capacidad de fiscalización con celeridad. Quién esté a cargo de esa entidad debe actuar sin sesgos pero con firmeza, haciendo uso de los medios tecnológicos actuales para lograr una glosa eficiente. Esto es imperativo, debido al asedio constante de bandas de corruptos de cuello blanco y mente perversa. Los decanos de Ciencias Económicas no deben representar visiones obtusas, como ocurrió, lamentablemente, con ciertos decanos de Derecho en la pasada postuladora de fiscal general.
