La lucha contra el cultivo ilegal de marihuana tiene frentes diversos. Y no es menor el de los restos vegetales que quedan tras cada cosecha. En el ámbito municipal, además, es casi el único frente que un ayuntamiento puede aspirar a controlar. El decomiso y la erradicación de estos cultivos son asunto de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil. Por ello, el Ayuntamiento de Pinos Puente (9.807 habitantes), en Granada, ha actuado donde el alcalde dice que puede: en el control medioambiental. Harto de que el monte se llenara de restos incontrolados de las plantaciones, ha instalado cuatro contenedores de obra para que los cultivadores y productores depositen allí los restos. La fórmula está funcionando: cada semana se llenan y hay que vaciarlos. Pinos Puente, a algo menos de media hora de la capital, es una localidad con una potente industria ilegal de la marihuana. Los comunicados de la Guardia Civil son frecuentes y en ellos se leen cifras elevadas. El pasado febrero, cuatro centros de cultivo desmantelados y 1.222 plantas decomisadas; en noviembre, en una operación mantenida durante diez días, 14 centros de producción, 6.848 plantas destruidas y 175 investigados. El año anterior, también en noviembre, 3.500 plantas en 14 centros de producción. Y así, periódicamente, siguen llegando notificaciones a los medios de comunicación sobre la marihuana y Pinos Puente. Pero eso, la parte policial, explica Iván Fernández, alcalde de IU en la localidad desde diciembre pasado, “es cosa de otras instituciones. Como ayuntamiento podemos llegar a donde llegamos, que es a intentar controlar esos vertidos y poco más. Cada institución se tiene que responsabilizar de lo suyo. Nosotros no podemos ir a más”.Hace unos meses, el Ayuntamiento pinero decidió tomar medidas, en una información desvelada por el diario Ideal. Y no solo por el problema medioambiental que suponía ver repleto de restos de los cultivos la zona de monte aledaña al barrio de las Cuevas, una zona marginal de la localidad donde se concentra la producción de esta planta. En el origen de la medida, asegura Iván Fernández, se encuentran varios problemas asociados a esos restos. En primer lugar, el alto coste para el municipio. “El año anterior a poner en marcha los cuatro contenedores, habíamos gastado entre 120.000 y 130.000 euros en limpieza de monte”. También, asegura el alcalde, “esos restos de poda provocaban cada verano un incendio”.La medida era arriesgada. Había que convencer a personas que están cometiendo un delito para que lleven los restos de ese delito a un lugar fijo, controlado y en el que puede haber cámaras, agentes o algún tipo de control. Aun así, el Ayuntamiento apostó por una medida que trata de que, en lugar de tirar los restos de cada campaña al monte, sin control, lo hagan en los contenedores. Estos residuos no consisten exclusivamente en materia vegetal, que a menudo se abandona en grandes sacos de plástico. Se trata sobre todo de tierra que, aparentemente, queda exhausta tras cada cosecha y es más fácil reemplazar que recuperar. El caso es que el objetivo comienza a dar frutos, aunque solo sea por la comodidad de tener los contenedores más cerca y no tener que dar bandazos por el campo en busca de un lugar escondido. “Parece que la medida está teniendo un efecto positivo. El monte tiene muchas menos bolsas descontroladas y, al menos, parte de los residuos están localizados y los podemos recoger con los servicios municipales”, explica el alcalde. Una vez por semana, la empresa concesionaria retira el contenido de los contenedores y lo trata adecuadamente. Fernández se muestra satisfecho porque un área que antes era un importante punto de vertido se está transformando en un campo de fútbol y un parque infantil.La producción de marihuana conlleva tres o cuatro cosechas al año. Se recogen los cogollos en cada una de ellas y todo lo demás, restos vegetales y tierra, es prescindible en el lugar de cultivo. Si no te atrapa la Policía, los productores tienen un problema. Si Policía o Guardia Civil te coge, el problema es para las fuerzas del orden. Más allá de algunas muestras que hay que dejar para el juicio, hay que arrasar con todo. Cientos o miles de plantas en ocasiones. El problema es tal que el Ministerio del Interior lleva unos años licitando un servicio para “el desmantelamiento de grandes plantaciones de marihuana”, como lo llama. El último concurso, por ejemplo, se resolvió a mitad de 2024 y se aproximaba a 900.000 euros, un dinero destinado a pagar a empresas capaces de hacerse cargo de la destrucción de cientos de miles de plantas decomisadas por las fuerzas de seguridad. La importancia de la producción ―y de los correspondientes decomisos― en el sur de España se aprecia al revisar los cinco lotes de esa adjudicación. El encargo se distribuye en Comunidad de Madrid y provincias limítrofes; Comunidad Valenciana; Cataluña; y, finalmente, los dos últimos lotes se adjudican a la provincia de Almería en exclusiva y a Granada y Málaga de forma conjunta.