¿En qué municipios se encuentran las más de 900.000 hectáreas de suelo protegidas en Colombia? El avance de las APPA en medio de críticas y retos

Noticia Exclusivo suscriptores En el departamento de Córdoba se encuentran la mayoría de las áreas definidas por el Gobierno para proteger los suelos más fértiles.APPA en Antioquia Foto: MinAgriculturaSUBEDITORA21.05.2026 14:42 Actualizado: 21.05.2026 14:42

A pesar de las críticas recibidas por gobiernos locales y gremios, entre otros, avanza a paso firme la asignación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. LEA TAMBIÉN Hasta la fecha, han sido declaradas como APPA alrededor de 900.000 hectáreas en 55 municipios del país, las cuales son zonas definidas por el Gobierno para proteger los suelos más fértiles y garantizar la producción de alimentos.APPA en Antioquia Foto:MinAgricultura“Son un instrumento para que aquellos suelos que hoy están siendo trabajados para producir comida no estén al vaivén de la presión del cambio de uso. Muchos agricultores y campesinos han visto cómo el desarrollo urbano y la explotación del subsuelo desplaza la producción agropecuaria”, manifestó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.En el departamento de Córdoba se encuentran la mayoría de las áreas declaradas. Según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), son 667.034 hectáreas catalogadas como zonas de protección para la producción de alimentos.Por municipios, al corte de abril, la mayor parte se encuentra en Montería (182.482), seguido de Ayapel (53.634), Lorica (53.070), Montelíbano (51.843), Planeta Rica (45.348), Buenavista (43.697) y Pueblo Nuevo (40.643).En segundo lugar, destaca el departamento de La Guajira, en el que se han declarado 79.782 hectáreas como APPA en ocho municipios. Por ejemplo, en Juan del Cesar van 15.838; en la Jagua del Pilar, otras 10.519; en Villanueva, 14.446; y en Fonseca, 10.478. LEA TAMBIÉN En el sureste antioqueño van declaradas 64.098 hectáreas en 13 municipios como Concordia (13.040), Fredonia (11.381), Venecia (3.498) y Jericó (5.270); en el Tolima van otras 48.494 en ocho municipios como Líbano (13.039), Falan (11.703), Fresno (6.776) y Palocabildo (5.206); y en la Sabana centro se han registrado 5.345 en Nemocón (3.393) y Sopó (1.951). Además, están por declararse otras 2.976 en el municipio de Cogua.Adicional a ello, según la Upra, hay más de 98.000 hectáreas que están en proceso de declaratoria con lo que el Gobierno quiere llegar a la meta de un millón protegidas. La mayoría de estas se encuentran en Santander, en específico, en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. Igualmente, se adelantan acciones en ocho municipios de la Sabana centro: Cajicá, Chía, Cota, Gachancipá, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá y Tenjo.Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Foto:SAC“En la medida en la que cuidemos el suelo rural vamos a estar en mejor capacidad para producir alimentos y para que una mayor oferta nos permita tener mejores precios”, indicó Juan Pablo Sandoval, director de la Upra, quien anunció que pronto se firmarán las resoluciones de APPA en Cogua y en el suroeste antioqueño, en Ciudad Bolívar, Andes Betulia, Betania, Támesis y Pueblo Rico. LEA TAMBIÉN Las críticas recibidasEl avance de estas áreas de protección contrasta con las críticas recibidas en los últimos años por cuenta de la falta de diálogo y el posible impacto que tendrían.Destaca que este año la Contraloría emitió una advertencia al Gobierno en la que identificó riesgos de carácter jurídico, fiscal, presupuestal, ambiental, operativo y de gobernanza.“Estos riesgos se relacionan con la aplicación del ordenamiento territorial, la incorporación de criterios de gestión del riesgo de desastres y cambio climático, la suficiencia de información técnica, jurídica y geoespacial, la coordinación interinstitucional y territorial, y la disponibilidad real de recursos para garantizar la ejecución de las medidas adoptadas”, resaltó.Ante ello, desde el Gobierno se aseguró que las APPA gozan de validez técnica y que no existen hallazgos fiscales, sanciones ni decisiones que cuestionen su legalidad.Radicación del proyecto contra las APPA Foto:CortesíaIncluso, un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley para eliminarlas por considerarlas inconstitucionales y el hecho de que generan un riesgo para la autonomía de los territorios, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad privada.La iniciativa legislativa se sustenta en estudios técnicos y jurídicos elaborados por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, los cuales señalan que dichas figuras y restricciones se superponen a zonas de alto aporte al PIB y al valor agregado del sector primario al prohibir o limitar la minería, la industria y el comercio, al tiempo que se cierran oportunidades de empleo y de ingresos fiscales en regiones que hoy son motor económico. Adicionalmente, se alerta frente a la falta de participación de comunidades y territorios en las decisiones que los afectan. LEA TAMBIÉN Por ejemplo, en el sureste antioqueño se han presentado protestas. Tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como algunas organizaciones ciudadanas de Jericó manifestaron su preocupación por las APPA desde el año pasado.Lo mismo ocurre en el Tolima donde más de 1.100 campesinos de ocho municipios interpusieron el año pasado una acción de tutela en contra del Ministerio de Agricultura para rechazar la actual delimitación de las APPA y denunciar la presunta vulneración de derechos fundamentales durante el proceso administrativo.En concreto, representantes del sector turismo de esta zona advirtieron que la implementación de estas zonas pondría en alto riesgo actividades clave para la economía rural, comunitaria, de naturaleza y de aventura.Banco de alimentos Foto:Banco de alimentos LEA TAMBIÉN También en la Sabana alcaldes y campesinos expresaron su preocupación por la falta de información y participación a la hora de asignar estas áreas de protección especiales. De igual manera, desde el sector constructor, Camacol Bogotá y Cundinamarca indicó en su momento que se estaban vulnerando elementos del marco legal del ordenamiento territorial, como la autonomía municipal y determinantes ambientales de superior jerárquica. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.