La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un reclamo por perjuicios ambientales en Vaca Muerta que había presentado una ONG y generó alivio entre los grandes inversores de la energía en el país. Para las empresas, que en su mayoría se adhirieron al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y planifican sumar nuevos proyectos, el fallo significó dotar de “seguridad jurídica” a los negocios que el Gobierno de Javier Milei impulsó como uno de los motores de generación de dólares para una economía que requiere de ingreso fuerte de divisas y crecimiento del empleo en esa cadena de valor.
En una resolución publicada hoy, el máximo tribunal resolvió “rechazar la demanda interpuesta por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA)”. La organización sin fines de lucro (ONG) había accionado contra la totalidad de las operadoras de la Cuenca Neuquina para exigir “la recomposición integral de los daños colectivos ambientales” y la constitución de un “fondo de restauración ambiental”.
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Sin embargo, el máximo tribunal argumentó que la ONG no logró demostrar, con el grado de verosimilitud suficiente, que la actividad empresaria “provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”. La Corte cuestionó la falta de sustento técnico de la denuncia, al remarcar que la parte actora no precisó “qué suelos o qué tramos de los cursos de agua estarían contaminados”, ni “la magnitud y gravedad de las alteraciones presuntamente producidas”.
