La Justicia australiana ha impuesto una multa de 650.000 dólares australianos, unos 399.000 euros, a la red social X. La plataforma ha incumplido parcialmente las obligaciones de transparencia vinculadas a la lucha contra el material de abuso infantil. La decisión supone el fin a un proceso judicial de más de tres años entre la compañía propiedad de Elon Musk y el regulador australiano de seguridad en Internet.
El Tribunal Federal de Australia falló contra la empresa tras considerar que no respondió adecuadamente a un requerimiento oficial emitido en febrero de 2023, cuando la plataforma todavía operaba bajo el nombre de Twitter. La autoridad australiana exigía información detallada sobre las medidas implantadas para detectar y frenar la difusión de contenido relacionado con explotación sexual infantil.
El caso se produce en un momento de creciente presión regulatoria sobre las plataformas digitales en Australia en materia de protección de menores. El procedimiento impulsado por la principal responsable del regulador australiano, Julie Inman Grant, ha concluido con un acuerdo que han aceptado ambas partes.
La defensa de X no convence al tribunal
Durante el proceso, X argumentó que no estaba obligada a responder a la petición porque Twitter había dejado de existir jurídicamente. Estó sucedió tras su integración en la Corporación X, en marzo de 2023, pocos meses después de la compra de la compañía por parte de Elon Musk. Sin embargo, en 2024 el tribunal ya rechazó esta interpretación al considerar que “las obligaciones se mantenían pese a los cambios corporativos”.
