El Consejo de Estado admitió la medida cautelar de urgencia interpuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con la que se buscaba quitarle los beneficios que la Fiscalía le había dado a varios capos de las bandas criminales más peligrosas de Medellín.En la decisión, emitida en un documento de 38 páginas, el tribunal decretó la suspensión provisional parcial de la resolución de la Fiscalía General de la Nación que les levantó las órdenes de captura a siete capos de esas bandas.“Eso significa que las órdenes de captura de los siete cabecillas que hoy gozaban de libertad y libre desplazamiento por el país vuelven a estar vigentes y, atención a esto, autoridades, esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato”, dijo el gobernador.“Las cámaras siguen funcionando”: empresa a cargo de las fotomultas en Cali se pronuncia sobre investigación de SupertransporteLa medida recae contra Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Albert, cabecilla histórico de la banda Pachelly; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero. Foto: Policia Nac.Además, sobre Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero, cabecilla de la banda El Mesa, agrupación criminal con presencia en el Valle de Aburrá, el Oriente y el suroeste antioqueño, así como en Bogotá y Soacha.“Ha sembrado terror en el Oriente antioqueño y en otras regiones del país como Bogotá. Desde Antioquia teníamos razón al advertir el enorme riesgo que representaba tener a esos bandidos en las calles”, señaló el gobernador.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció. “Lo dijimos desde el primer día. Y la justicia nos dio la razón. El Consejo de Estado acaba de suspender los beneficios a siete cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellos alias el Montañero. Criminales que durante años han sembrado violencia, extorsión, desplazamiento y miedo en nuestros barrios”, dijo.Rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá,