NoticiaUn casco de alto valor robado a un creador de contenido fue recuperado en cuestión de horas. Foto: Redes sociales20.05.2026 15:20 Actualizado: 20.05.2026 15:20
No fueron policías, ni tampoco hubo capturas oficiales, mucho menos judicialización. Lo que apareció fue un sistema de vigilancia comunitaria que opera desde hace años en el corregimiento turístico de Santa Marta y que, según habitantes y comerciantes, mantiene el orden en la zona mucho más rápido que las propias autoridades. LEA TAMBIÉN La historia comenzó cuando el creador de contenido Yeison Guardo denunció en redes sociales el robo de su casco de alto valor mientras permanecía en un establecimiento turístico de Minca. La publicación se movió rápidamente entre mototaxistas, comerciantes, vecinos y miembros de la red de vigilancia comunitaria. Apenas un par de horas después, el supuesto responsable ya había sido ubicado y obligado a devolver el objeto.El propio influencer terminó publicando otro video agradeciendo la efectividad del sistema.“Es una vigilancia que da resultados muy rápido. Felicidades”, expresó Guardo mientras mostraba al joven señalado del hurto, visiblemente nervioso y arrepentido frente a las cámaras.La escena llamó la atención porque durante todo el procedimiento nunca aparecieron policías. Ni siquiera hubo un pronunciamiento oficial posterior.Un pueblo vigilado por sus propios habitantesEn Minca el modelo de seguridad funciona distinto. Aunque existe presencia institucional mediante un CAI de Policía, gran parte de los habitantes acude primero a los llamados “cuadrantes comunitarios”, integrados por residentes de la zona que ejercen vigilancia en veredas, trochas, balnearios y sectores turísticos.El influencer Yeison Guardo expuso al que lo robó y agradeció a la vigilancia comunitaria. Foto:Redes socialesEl sistema, según líderes sociales y comerciantes, se sostiene económicamente con aportes de quienes viven o tienen negocios en el corregimiento. Hoteles, hostales, restaurantes, fincas, cabañas y viviendas pagan cuotas semanales, quincenales o mensuales que varían dependiendo del tamaño del establecimiento y de la capacidad económica del propietario. Para muchos residentes, la fórmula funciona.Minca todavía conserva escenas difíciles de imaginar en otras zonas del país: mercancía exhibida afuera de los locales, motocicletas parqueadas sin cadenas y turistas caminando de madrugada sin mayores temores. La sensación de tranquilidad que contrasta con lo que sucede en la parte urbana de Santa Marta apenas a unos kilometros, se convirtió en uno de los principales atractivos del corregimiento, visitado cada año por miles de extranjeros que llegan buscando naturaleza y desconexión.“Si la gente siente miedo, deja de venir. Aquí vivimos del turismo”, contó un comerciante. Por eso el caso activó una especie de alarma colectiva.Mientras la denuncia se viralizaba, la presión social comenzó a cerrarse sobre el responsable. Comerciantes compartieron información, vecinos rastrearon movimientos y la vigilancia comunitaria terminó ubicando al joven durante la madrugada.“Vi la oportunidad y lo cogí, pero no está bien y pido disculpas”, dijo el señalado ladrón frente a una cámara.Para muchos habitantes, aquello fue simplemente una demostración de que el modelo funciona. Pero para otros, la situación encendió alarmas mucho más delicadas.“Aquí mandan los paracos”El defensor de derechos humanos y experto en conflicto armado, Lerber Dimas, cuestionó abiertamente lo ocurrido y advirtió que este tipo de estructuras terminan legitimando formas paralelas de control territorial.Ubicado cerca de la parte urbana de Santa Marta, tendrían su propia estrategia de seguridad. Foto:Redes sociales“Esto se puede interpretar como que tiene cierto grado de validación y complicidad”, aseguró en diálogo con EL TIEMPO.La preocupación de Dimas surgió especialmente por uno de los comentarios que circularon durante el caso y que terminó siendo celebrado en redes sociales.“Se supone que aquí en Minca no se pierde nada porque aquí mandan los paracos”, expresó el defensor al referirse al mensaje que, según él, terminó normalizando la aceptación de controles ilegales en una zona históricamente sensible por la presencia de actores armados.Para el experto, el episodio dejó escenas preocupantes: un joven expuesto públicamente, retenido por particulares y grabado mientras pedía disculpas, sin claridad sobre quién ejerció autoridad sobre él ni bajo qué mecanismos actuaron.“Lo que pasó fue una acción opresiva, ilegal, de exposición pública, de retención ilegal e incluso de tortura que valida la toma de justicia a mano propia”, afirmó.Las preguntas que plantea el defensor siguen sin respuesta. ¿Por qué la Policía Metropolitana de Santa Marta no se pronunció? ¿Existe coordinación entre las autoridades y estos grupos de vigilancia comunitaria? ¿Quién supervisa las actuaciones de estas estructuras? ¿Hasta dónde llegan sus funciones?Esta vigilancia mantiene el orden en la zona 'mucho más rápido que las propias autoridades'. Foto:Redes socialesMientras algunos celebran que un robo se solucione en pocas horas, otros advierten que detrás de esa eficiencia podría estarse consolidando un modelo donde el miedo, la presión social y los controles informales terminan reemplazando el papel del Estado.La situación da lugar a una discusión en una de las zonas turísticas más importantes de Santa Marta. Porque como lo advierte Lerber Dimas “el mecanismo que hoy recupera objetos robados también podría convertirse mañana en una estructura capaz de decidir quién puede permanecer, quién debe responder y bajo qué reglas se impone el orden”. LEA TAMBIÉN Por ahora, en Minca muchos siguen mostrando el caso como un ejemplo de efectividad comunitaria. Pero detrás del casco recuperado quedó expuesta otra realidad: en este rincón de la Sierra Nevada hay conflictos que parecen resolverse más rápido por redes informales que por las propias autoridades legalmente constituidas. 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