Iván Cepeda, el candidato puntero en las encuestas para las presidenciales del 31 de mayo, no habla de reformas sociales como lo hace casi toda la izquierda en Colombia. Habla de revoluciones. Tres, para ser exactos: la ética, la económica y la política. “La revolución debe ser pacífica. No puede surgir de la violencia: no es con las armas”, dijo en un discurso en Bogotá, el noveno de su campaña. Todas, asegura, deben ser con el pueblo. El filósofo de 63 años no ha dado a conocer un plan de Gobierno formal, y en su lugar ha compilado sus palabras en plazas de todo el país, que escribe de forma previa y minuciosa como forma de trazar sus ideas, propuestas y proyectos para el país si llega a la Presidencia en agosto de este año. Las propuestas están atravesadas por la historia de vida del senador. Hijo del político Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 como parte del exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica, forjó su identidad política en el movimiento de víctimas del Estado. Suele estar acompañado de figuras de ese sector, como las madres de Soacha o las buscadoras de La Escombrera en Medellín. En sus discursos, ha advertido que las víctimas tendrán “un lugar privilegiado y central” en su Gobierno, con reparación integral, verdad y garantías de no repetición, algo que ya fue una bandera del octenio de Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero va más allá: propone que la historia del genocidio y los crímenes contra la humanidad entren en los textos escolares y que el Informe de la Comisión de la Verdad, parte del proceso transicional tras el acuerdo de paz con las FARC de 2016, se socialice masivamente. Cepeda mismo fue víctima de seguimientos ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el extinto organismo de inteligencia, y logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado por el asesinato de su padre. Como congresista, documentó los vínculos entre el paramilitarismo y la política, y con ello fustigó una y otra vez al expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez. A partir de esa trayectoria, sus discursos, que son su programa, reiteran las nociones de ética y justicia. Enfrentar la macrocorrupción Cepeda asegura que el gran problema de Colombia es la que llama macrocorrupción, redes criminales que capturan las instituciones estatales. El Gobierno Petro no ha estado exento de ella, como recuerda el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene a dos ministros en prisión, a un alto funcionario de la Presidencia prófugo y a otra judicializada. Para combatirla, el senador propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con cinco pilares, que van desde fortalecer la Secretaría de Transparencia para emitir alertas tempranas hasta crear un Fondo de Reparación para las víctimas del saqueo. En una visita reciente a Cali, anunció que su primera decisión como mandatario será reducir, los ingresos de la cúpula del Ejecutivo. “Los miembros de mi gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo colombiano. “Reduciremos, en el primer día, en el primer segundo de gobierno, el salario del presidente de la República y de los ministros y ministras”, dijo. Es más un gesto simbólico que una reforma estructural, que presenta como acto visible de un cambio de cultura en el Estado. Apostar la economía y las tierras en la genteLas apuestas económicas de Cepeda, que son relativamente marginales en su discurso, repiten el foco de Petro en el fortalecimiento de la llamada economía popular. También plantea avanzar hacia una renta básica universal que garantice un ingreso mínimo, aunque su propuesta aparece formulada sin detalles técnicos. Además, busca crear un Banco del Pueblo, una entidad estatal que ampliaría el acceso al crédito de pequeños productores que hoy no logran entrar a la banca tradicional. En contraste, Cepeda retoma con fuerza la discusión del reparto de la tierra, una tradicional bandera de la izquierda con sus propuestas de reforma agraria. Petro ha avanzado en ella, según datos oficiales, con la entrega de 700.000 hectáreas a campesinos. Cepeda quiere ir más lejos con una revolución agraria que, asegura, pasará de redistribuir la tierra a convertir la economía campesina en el motor del país. “El campesinado es el sujeto de las transformaciones más importantes del país para derrotar el hambre, para derrotar la pobreza”, dijo en Sincelejo, donde nació su madre.Ante la dificultad del campesinado para comercializar los productos agrícolas por falta de infraestructura —un problema planteado por todos los gobiernos, e incluso consignado en el Acuerdo de Paz de 2016— propone construir más de 30.000 kilómetros de vías terciarias, garantizar agua potable en cada municipio —hoy el 80% tiene algún tipo de dificultad con la calidad del agua, según señala— y asegurar que el Estado compre directamente la producción en las zonas de pobreza extrema y conflicto, una apuesta que impulsaría la producción, pero enfrenta grandes retos logísticos. Por último, propone reformar la ley de contratación pública para que el Estado pueda contratar con las juntas de acción comunal y asociaciones comunitarias, un paso adelante de la prioridad que ya les ha dado el Gobierno Petro. “¿Cómo exigir a una olla comunitaria o a un mercado campesino cargas tributarias equivalentes a las de una gran empresa transnacional?”, preguntó en Barranquilla.Reforzar la apuesta de Petro en seguridadLa seguridad es quizás el tema más difícil para Cepeda. El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que Colombia enfrenta su peor situación de violencia en la década: en 2025 hubo un asesinato cada 38 minutos, el desplazamiento forzado masivo creció un 85% frente al año anterior según la ONU, y el Consejo Noruego para Refugiados señala que es el segundo país del mundo con más desplazados internos. Pese a ello, Cepeda insiste en la fórmula del Gobierno Petro: apostar por las negociaciones con una política de paz que subsume la de seguridad. El senador, quien fue uno de los negociadores del Gobierno en la fallida mesa con la guerrilla del ELN, está convencido de que se puede salir del ciclo de la violencia a través del diálogo. En una entrevista con EL PAÍS, en marzo pasado, advirtió que se deben defender los avances de la llamada paz total. “Habrá que retomarlos”, dijo. Cepeda insiste en las propuestas de Petro en 2022: una política de seguridad humana que parte de la premisa de que la violencia tiene causas sociales y no se resuelve solo con uniformes. “Proteger la vida significa que la seguridad no es solo Fuerza Pública; es trabajo digno, ingresos justos, educación, vivienda, salud, agua potable, justicia”, dijo desde Puerto Asís, en Putumayo. Incluye en esa política el fortalecer la oferta social con programas como Jóvenes en Paz, que en el Gobierno actual quedó estancado desde 2024 por las denuncias de incumplimientos en los pagos a los jóvenes en riesgo de caer en la ilegalidad. Sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos, la propuesta también se asemeja a la de Petro: propone una legalización regulada de la coca para quitarle a las mafias su renta y convertirla en insumo farmacéutico o agrícola, una idea con que el Gobierno actual exploró sin concretar. Cepeda la propone como política de Estado, sin explicar qué más ajustaría, y pese a que una decisión de regular no depende únicamente del Ejecutivo, sino de un Congreso que la ha negado casi una decena de veces. Justo esta semana, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un nuevo intento de regularizar el cannabis recreativo. Sin costos ni cronogramas La recopilación de ideas de Cepeda a través de sus discursos tiene apuestas que lo distinguen de sus contendores. En medio ambiente, propone prohibir el fracking y el glifosato para aspersión aérea, y acelerar la transición energética. Para los pueblos indígenas, ante quienes habló en Guachucal, Nariño, anunció como prioridad detener lo que la Corte Constitucional ya reconoció: cerca de 40 pueblos están en riesgo de extinción. Y, en una propuesta sin precedentes, plantea crear un Viceministerio de los Derechos de los Animales y lograr el reconocimiento constitucional de los animales como sujetos de derechos. Pero ni en estas iniciativas ni en las más amplias aparecen las respuestas a varias preguntas centrales de cualquier plan de gobierno: cuáles son las metas, cuáles los indicadores, cuáles los caminos o cómo se financia. Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente y construir vías terciarias, establecer la compra estatal de alimentos o asegurar el agua potable rural requieren grandes inversiones. Los discursos no explican cuáles serían sus fuentes de financiación ni cuál sería su costo. El candidato que promete tres revoluciones pacíficas tendrá que explicar, en algún momento, cómo las logrará.