En 1996, una delegación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), presidida por su entonces director general, Arpad Bogsch, visitó Buenos Aires.
Aquella visita tuvo un doble propósito. Por un lado, acompañar la inauguración formal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a poco más de un año de la sanción de la Ley de Patentes N.º 24.481 y de la creación de dicho instituto. Por el otro, impulsar el interés de la Argentina en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y en su eventual adhesión.
Sin mayores novedades desde entonces, treinta años después, esa conversación vuelve a estar vigente.
Argentina fue parte de la treintena de naciones que firmaron el acta constitutiva del PCT, que tuvo lugar en Washington en 1970. A pesar de ello, nuestro país nunca ratificó su adhesión. En 1998, el Senado aprobó el tratado, pero desde entonces el proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados, aguardando su sanción definitiva.
¿Por qué recién hoy parece avanzar el trámite final para convertirlo en ley? Históricamente, la principal resistencia provino de la industria farmacéutica local, esgrimiendo el argumento de la soberanía nacional, sin mayor sustento técnico ni jurídico. Lo cierto es que ese argumento no resiste el menor análisis: el PCT no obliga a otorgar ninguna patente ni modifica los criterios de patentabilidad vigentes en Argentina. Cada país conserva plena soberanía para examinar y rechazar solicitudes. Lo que sí modifica el PCT es el acceso de los innovadores locales a los mercados externos, algo que, paradójicamente, beneficia también a la industria nacional que busca internacionalizarse.
