Una ilustración conceptual de acuarela muestra una balanza de justicia partida, con una mujer centroamericana herida en un platillo y dinero y una pistola en el otro, simbolizando la vulnerabilidad frente a la violencia y corrupción. (Imagen Ilustrativa Infobae)Una preocupante trama criminal y judicial ha salido a la luz pública en el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel. Allegados y familiares de las víctimas han alzado la voz para denunciar la detención injusta de una ciudadana salvadoreña, en un enrevesado caso que involucra un intento de sicariato frustrado, manipulación de denuncias y aparentes negligencias por parte de los organismos de administración de justicia a nivel local.La mujer bajo arresto ha sido identificada como Yany Judith Menjívar Rodríguez, de nacionalidad salvadoreña y nacida en el año 1975. Según denunció su actual pareja sentimental, Ángel Ortiz (referido además en las actas como Ángel Rodríguez), la extranjera permanece privada de libertad desde el pasado viernes 15 de mayo, por una orden emitida por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género de la localidad. PUBLICIDADEl arresto se fundamentó en una supuesta agresión física cometida por Menjívar hacia su expareja. Sin embargo, familiares y defensores cuestionan drásticamente el accionar del Ministerio Público, señalando que en febrero de este año la salvadoreña fue víctima de una fuerte golpiza propinada por ese mismo hombre, sin que la fiscalía tomara medidas cautelares o restrictivas contra el agresor en su momento.Una mano masculina suelta un fajo de billetes que se deshacen en gotas de color, mientras siluetas de una mujer seria y un hombre cabizbajo aparecen al fondo, separados por una sombra de pistola parcialmente disuelta, transmitiendo una atmósfera de tensión y alivio. (Imagen Ilustrativa Infobae)El trasfondo de este confuso suceso cobró un giro radical tras las revelaciones de un ciudadano identificado como Luis Daniel Coronado, quien confesó ante el medio televisivo dominicano CDN37 haber sido contratado para asesinar a Ángel Ortiz. PUBLICIDADCoronado explicó detalladamente que personas vinculadas a la expareja de la salvadoreña le ofrecieron la suma total de RD$100,000 pesos dominicanos ( $1,694.92 dólares) por ejecutar a Ortiz y herir gravemente con arma de fuego a Menjívar Rodríguez. Como garantía del crimen, los autores intelectuales le entregaron por adelantado la cantidad de RD$35,000 pesos dominicanos en efectivo ($593.22 dólares). El plan criminal se interrumpió de forma imprevista cuando los contratantes le mostraron a Coronado la fotografía de su objetivo. PUBLICIDADEn ese momento, reconoció a Ángel Ortiz como la persona que tiempo atrás salvó la vida de su padre al trasladarlo de urgencia a un hospital. “No lo hice porque yo no tengo con qué pagar ni con la vida de este muchacho”, relató el presunto sicario arrepentido al justificar su decisión de abortar el crimen por pura gratitud humana.Tras frustrarse el atentado, el propio Coronado y el afectado, Ángel Ortiz, acudieron ante la dotación policial de la localidad para formalizar una denuncia penal y consignar las grabaciones que demuestran las amenazas de muerte. PUBLICIDADA pesar de la gravedad de los elementos probatorios, Ortiz criticó abiertamente la ineficacia de la fiscalía en Bonao, asegurando que ha acudido en tres oportunidades consecutivas a los despachos judiciales sin recibir una respuesta oportuna. Según indica, las autoridades ministeriales argumentan de manera burocrática que deben continuar investigando el entorno de la supuesta agresión, mientras mantienen tras las rejas a la ciudadana extranjera.De acuerdo con las declaraciones brindadas por los allegados, detrás de toda esta estrategia delictiva y manipulación judicial se encuentra la expareja de la salvadoreña, quien presuntamente coordinó el atentado sicarial fallido y, de forma paralela, interpuso querellas falsas para neutralizar legalmente a la mujer utilizando indebidamente los estamentos de violencia de género. PUBLICIDADAnte el latente riesgo contra la integridad física de las víctimas, la comunidad de Bonao y Piedra Blanca ha realizado un llamado enérgico solicitando la intervención inmediata de la Procuraduría General de la República para corregir las irregularidades de este expediente, ordenar la pronta libertad de la ciudadana salvadoreña y evitar que el conflicto culmine en una tragedia humana.