La noticia la dio la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Selva Central: tras 36 años de rastreo y excavación, los restos humanos y otros elementos de nueve personas, víctimas de desaparición forzada entre 1990 y 1993, fueron hallados en el departamento de Junín. Únete a nuestro canal de política y economía Durante más de tres décadas, familiares y conocidos de estas y otras víctimas consideradas desaparecidas durante la violencia terrorista entre 1980 y 2000 habían señalado que ese era el lugar donde estaban los restos de sus seres queridos. TE RECOMENDAMOSROBERTO SÁNCHEZ ALISTA SU EQUIPO TÉCNICO Y DEBATE FINAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS El hallazgo se efectuó en los centros poblados Dos de Mayo y Villa Progreso, ubicados en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, una zona azotada por el conflicto armado que se agudizó en la década del 90 y dejó miles de muertos, con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La diligencia que permitió encontrar los restos estuvo encabezada por los fiscales adjuntos provinciales Rommel Sierra Pariona y Magali Sotomayor López, como parte de cinco investigaciones humanitarias. PUEDES VER: Fernando Rospigliosi busca la legalidad de ley de lesa humanidad para sacarle la vuelta a la justicia Las exhumaciones buscan determinar si los restos y los elementos asociados (prendas y enseres) encontrados corresponden a los de los hermanos Abraham y Máxima Osores H., Julián Osores B. y Emiliano Paitampoma, quienes habrían sido torturados y asesinados por terroristas de Sendero Luminoso en junio de 1990, en la localidad de Dos de Mayo. Asimismo, Adán Casishahuana falleció en 1991 por un disparo activado en una trampera (trampa a ras de suelo) que habría sido elaborada por terroristas, mientras que Aquiles Osores, otro agraviado, también murió en 1990. La menor de 15 años, N. E. S. G., así como Bernardo Espinoza, habrían fallecido entre 1990 y 1993. Luis Alá, por su parte, habría sido interceptado por senderistas en 1992, entre los centros poblados de Sol de Oro y Dos de Mayo, donde fue asesinado con armas de fuego. La acción fiscal se realizó con apoyo del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), efectivos de la Dircote de la Policía Nacional y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidades que brindaron soporte en el traslado y acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas. “Las labores de excavación, identificación y eventual restitución de los restos a sus familiares reafirman el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de hechos vinculados a desapariciones forzadas, permitiendo a los deudos formar parte del proceso de justicia, memoria y verdad que requieren para dignificar a las víctimas”, dijo uno de los magistrados.