El Gobierno mexicano exhibe la falta de reciprocidad en la relación bilateral sobre los envíos de prófugos de la justicia
En medio de las tensiones por los 10 funcionarios de Sinaloa que ha reclamado el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico —en los que está el gobernador morenista Rubén Rocha Moya—, el Gobierno de México ha exhibido los pendientes que tiene Washington en materia de extradiciones. Desde 2018, la Administración mexicana ha solicitado el envío de 269 personas y, hasta la fecha, todavía no se ha otorgado ninguna, según ha detallado la presidenta, Claudia Sheinbaum, este martes en su rueda de prensa matutina. Entre los prófugos de la justicia mexicanos señalados está el rey de las factureras Víctor Manuel Álvarez Puga; también José Ulises Bernabé, responsable de una instalación de la policía de Iguala por el caso Ayotzinapa y el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscado por delincuencia organizada.
Por el momento, Estados Unidos ha denegado 36 de esas peticiones y tiene al menos 233 procesos “pendientes de concluir”. Sin embargo, Sheinbaum ha asegurado que seguirán insistiendo en la entrega de más de dos centenares de prófugos de la justicia mexicana. “Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 procesos de extradición y no han enviado ninguno, porque la relación es recíproca.”, ha enfatizado. “Hay casos gravísimos para México, hay factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa... y no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, ha añadido antes de pedir reciprocidad a su vecino del norte. “¿Por qué no han entregado ninguno, si son casos relevantes y hay reciprocidad?“, ha preguntado. En contraste, la Administración de Sheinbaum ha enviado a 92 presos que eran reclamados por Estados Unidos, entre ellos Armando Gómez Núñez, más conocido como Delta 1, líder de Los Deltas, y Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Guadalajara.
