El Parlamento Europeo ha pisado el acelerador contra Luis Pérez, más conocido como Alvise. Justo tres semanas después de que diera el visto bueno al levantamiento de su inmunidad como eurodiputado para que el Tribunal Supremo pueda investigarlo por presuntamente acosar en redes a la fiscal contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, el pleno de la Eurocámara ha aprobado también el segundo suplicatorio recibido en su contra, esta vez por supuesta financiación irregular de su partido, Se Acabó la Fiesta (SALF). Y la carrera no queda ahí: la segunda decisión de levantar la inmunidad contra el eurodiputado ultra se conoce apenas una semana después de que el Supremo enviara un tercer suplicatorio a Bruselas, en esta ocasión para poder investigarlo por supuesta revelación de secretos y acoso contra Diego Solier y Nora Junco, los dos europarlamentarios que se presentaron con él a las elecciones europeas de junio de 2024 por SALF pero que abandonaron la formación y se querellaron contra Alvise por una supuesta campaña de hostigamiento en redes sociales. De hecho, su alianza duró poco: ya en diciembre de ese mismo 2024, ambos formalizaron su ingreso en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni, mientras que Alvise, quien en su momento confiaba en ser también admitido en la fuerza ultraconservadora, sigue hasta hoy como no afiliado, debido en buena parte a las investigaciones en su contra. La Eurocámara espera aún una cuarta petición de suplicatorio de Madrid, relacionada con su decisión de difundir una prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa.El pleno en Estrasburgo ha aprobado este martes holgadamente la petición del Supremo de levantar la inmunidad de Alvise, al que quiere investigar por, supuestamente, recibir 100.000 euros de un empresario para financiar la campaña de las últimas elecciones europeas de su agrupación electoral, SALF. En su momento, el líder ultra admitió ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar que recibió 100.000 euros en efectivo del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024, como sí sostiene Romillo.El segundo procedimiento ante el hemiciclo europeo comenzó hace poco más de seis meses, cuando la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, anunció también durante un pleno en Estrasburgo en noviembre de 2025 el inicio del proceso. Este concluyó formalmente a comienzos de mayo, cuando la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara encargada de estudiar este tipo de peticiones avaló a puerta cerrada el informe del caso ahora aprobado por el pleno. También el suplicatorio inicial por el caso de la fiscal de Valencia se resolvió en unos seis meses.