Opinión
Editorial
EditorialMuchos viajeros guatemaltecos y centroamericanos camino a los parques del Irtra, en Retalhuleu, encontrarán en esta ruta de peaje una alternativa funcional.
Si hoy se decidiera construir la carretera al Atlántico, con sus 300 kilómetros, desde la capital hasta Puerto Barrios, con todos los cortes de montañas, apertura de brechas, pavimentado e instalación de puentes, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿y cuánto costaría? La pregunta es retórica, pues a la sombra de las parsimonias, las negligencias, las incapacidades y la abyecta corrupción, sería muy difícil dar una fecha realista e incluso se dudaría de la posibilidad de lograrlo. Como respuesta ilustrativa, la ejecución de dicha obra estratégica tuvo lugar en ocho años —se comenzaron trabajos en 1951 y se inauguró en 1959—, a un costo de Q44 millones, según lo publicó Prensa Libre en su momento.
El artículo 119 constitucional establece como obligación del Estado “promover el desarrollo económico de la Nación, impulsando la construcción y mejora de la infraestructura necesaria para la integración del país”. Ello abarca no solo carreteras, pero estas figuran entre lo imprescindible para la vida cotidiana, la productividad y la competitividad.
