La pasada semana, un grupo de economistas catalanes, entre los que se encuentra el economista español que más aparece en las quinielas para el premio Nobel, Jordi Galí, ha presentado un informe cuya principal virtud ha sido la de incomodar a todos los partidos de Cataluña, a la mayor parte de instituciones y a las patronales y 'lobbies' empresariales. En esencia, el estudio, bautizado como Informe Fénix, pide cambiar la fiscalidad y plantea que el actual crecimiento económico en Cataluña no es sostenible, por ser un modelo basado en bajos salarios, inmigración poco cualificada profesionalmente y escasa productividad, donde se debería bajar el peso del turismo y de actividades industriales como la industria cárnica. El estudio ha sido coordinado por Xavier Roig, elaborado por los economistas Xavier Cuadras Morató, Modest Guinjoan y Miquel Puig, y asesorado por Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas y Jaume Ventura. Habla de Cataluña, pero coincide en el diagnóstico con las ideas que ya han ido difundiendo sobre la economía española los economistas Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano. Según este trabajo, Cataluña lleva 25 años creciendo en PIB agregado, pero retrocediendo en PIB per cápita por una combinación corrosiva de empresas que precisan altos niveles de inmigración poco cualificada (que ha crecido a un ritmo del 1% anual) y débil crecimiento de la productividad (que apenas ha aumentado un 0,7% anual). En el año 2000, la productividad catalana era un 8% inferior a la media europea. Hoy está un 13% por debajo. En parte, todo esto se debería, según el informe, a que la creación neta de empleo se ha concentrado en sectores estructuralmente subsidiados por el resto de la economía. Según este diagnóstico, la economía catalana depende de sectores productivos cuyo salario medio a lo largo de la vida laboral del trabajador "no genera los suficientes ingresos fiscales y contribuciones sociales para financiar los servicios públicos más elementales de los que disfrutan todos los ciudadanos". Es lo que denominan "salarios subvencionados", porque el de de que esas actividades empresariales tengan "una productividad tan baja que no puedan retribuir mejor a sus asalariados implica una subvención encubierta muy importante por parte del resto de la economía del país". El estudio fija el umbral del salario subvencionado en los 29.000 euros anuales brutos, advirtiendo que es un cálculo "muy conservador". Y aunque admite que la existencia de estos salarios subvencionados "es consustancial a la existencia de un Estado de Bienestar", considera un problema que grandes sectores productivos de la región dependan de ellos. Algunos ejemplos resultan demoledores. Un hotel de tres estrellas de sol y playa recibe una subvención implícita de 6 € por pernoctación y el 80% de esa cifra subsidia los costes de clientes extranjeros. Un matadero porcino percibe una subvención de 9 € por tonelada de carne, pero el 75% de esa carne se consume fuera de Cataluña. Y los riders urbanos se benefician de 3 euros de subvención por entrega. El Informe Fénix propone medidas concretas para corregir esta situación como publicar la "balanza fiscal" real de cada sector productivo para conocer su valor neto completo, suprimir el tratamiento fiscal favorable a los sectores altamente subvencionados —y en particular el IVA turístico, que puede ser compensado con una tasa del Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos mucho más elevada—, reducir el abuso de la figura de los contratos fijos-discontinuos, aumentar el salario mínimo interprofesional hasta que se detenga el crecimiento de los puestos de trabajo poco cualificados, gestionar la inmigración con criterios de cualificación y aumento de la productividad, exigir el conocimiento del catalán, como mínimo, en puestos de trabajo de atención al público, y reducir la capacidad turística significativamente por debajo de la punta de demanda, entre otros. Presentado el pasado viernes, el informe tiene algunas características interesantes. No ha sido respaldado por ninguna de las organizaciones habituales, tipo Cámara de Comercio de Barcelona, Cercle d’Economia o la patronal Foment del Treball. Es verdad que la patronal independentista FemCat ha dado su apoyo en la web desde donde se descarga el informe, aunque no lo ha respaldado de manera oficial. Pero, en esencia, se trata de una propuesta de economistas que han ido por libre y que incomoda porque cuenta que, en términos de macroeconomía, el rey está desnudo. PIB y PIB per cápita La clave del trabajo es que el PIB y su crecimiento no pueden ser la referencia de la marcha de la economía. El verdadero índice debería ser el PIB per cápita. Pero como la población crece gracias a la inmigración y la economía precisa más personal para sectores como el turismo y las cárnicas, intensivos en mano de obra, el PIB per cápita se encuentra estancado desde hace décadas. Como refleja el informe, el PIB crece por el aumento de "la cantidad de horas trabajadas, y no en el crecimiento de la productividad". En 2050, el estudio prevé que Cataluña tenga 10 millones de habitantes, pero la economía catalana (el PIB) seguiría creciendo a poco menos del 1,5% anual, y el PIB per cápita, solo un poco por encima del 0,4%. Es decir, Cataluña se ha ido empobreciendo y lo seguirá haciendo. Igual que España, por cierto. No gusta a nadie El informe no gusta a nadie. Justo porque tienen razón. Junts apuesta por rebajar los impuestos de patrimonio y sucesiones, mientras que el estudio Fénix habla de reequilibrar, rebajando la presión sobre las rentas del trabajo y aumentándolas sobre el capital. Incluso se pone de ejemplo a Andorra, un país independiente que tiene los mismos problemas de modelo económico que Cataluña o que el resto de España. "Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andorra ponen de manifiesto que en torno a Cataluña existen economías con un comportamiento aún más disfuncional que el catalán", señala el texto. Ni Junts ni PSC ni los Comunes ni ERC pueden respaldar el estudio aunque tenga razón Pero el PSC y Moncloa tampoco pueden estar contentos. Porque el modelo económico del que presumen tiene los pies de barro. Y los empresarios no quieren cambiar de modelo porque a ellos sí que les renta una economía 'low cost' para casi todo menos para la vivienda, que se encarece por una dinámica de mayor demanda de la población inmigrante. Aliança Catalana podría comprar porque supone potenciar menos la inmigración. Pero Silvia Orriols es alcaldesa de Ripoll, una localidad que vive de la industria cárnica. Y luego están los empresarios. Son los responsables de este modelo empresarial. Valls Companys factura más de 4.163 millones. El PIB de Cataluña depende en un 12% del turismo. Nadie quiere pagar la factura de ese cambio de modelo. Por último, ERC y los independentistas. El informe no culpa a España ni a Madrid. No hay victimismo. No se refiere al déficit fiscal. No habla de financiación autonómica. El objetivo es más ambicioso: cambiar el modelo económico. Algo largo, complejo y con costes evidentes que nadie quiere asumir. La pasada semana, un grupo de economistas catalanes, entre los que se encuentra el economista español que más aparece en las quinielas para el premio Nobel, Jordi Galí, ha presentado un informe cuya principal virtud ha sido la de incomodar a todos los partidos de Cataluña, a la mayor parte de instituciones y a las patronales y 'lobbies' empresariales. En esencia, el estudio, bautizado como Informe Fénix, pide cambiar la fiscalidad y plantea que el actual crecimiento económico en Cataluña no es sostenible, por ser un modelo basado en bajos salarios, inmigración poco cualificada profesionalmente y escasa productividad, donde se debería bajar el peso del turismo y de actividades industriales como la industria cárnica.