En medio de la discusión de los proyectos de reforma de permisos, la administración de Jenniffer González confirmó este domingo la renuncia del secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y la ausencia indefinida del presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, quien se opuso abiertamente a la propuesta legislativa del Ejecutivo.El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, reconoció, en conferencia de prensa, ambos movimientos, aunque no pudo precisar hasta cuándo Morales permanecerá fuera de sus funciones por “motivos de salud”. “Él (Morales) sigue en su puesto. No se le ha pedido la renuncia. No está despedido, como se ha estado especulando. Él pidió un tiempo para atender unos asuntos de salud”, señaló Domenech, durante la sesión dominical del “Asunto Semanal”. Durante la discusión del Proyecto del Senado (PS) 1183, Morales expresó su oposición a que -tal y como propone la propuesta del Ejecutivo- se elimine la Junta de Planificación. A su juicio, el proyecto puede incorporar mecanismos de armonización que permitan la coexistencia de la dependencia que él dirige con el resto de las propuestas de cambios al proceso de permisos. Héctor Morales, presidente de la Junta de Planificación. (alexis.cedeno)La salida de Almodóvar Vélez, con efectividad inmediata, coincidió con la publicación el viernes de una misiva que este habría cursado al director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón, preocupado por la “narrativa pública” que se había desarrollado en contra de los empleados de la OGPe. “El exsecretario auxiliar Almodóvar, el viernes en la noche, le presentó su carta de renuncia a la gobernadora citando unas razones personales, de querer atender a su familia, entre otras cosas, y aspiraciones profesionales”, dijo Domenech.Según Almodóvar Vélez, en su misiva, la narrativa directa e indirectamente menospreciaba el trabajo, compromiso y sacrificio de los trabajadores de la OGPe. “La realidad de la OGPe contradice claramente cualquier intento de proyectar a nuestros empleados como responsables de las deficiencias históricas del sistema”, lee el escrito.Sostuvo, asimismo, que favorecía la modernización del sistema de permisos, pero insistió en que no podía ser en detrimento de la reputación y la moral de los trabajadores. ¿Tuvo la carta algo que ver con la salida de Almodóvar Vélez?, se le preguntó al jefe del Gabinete. “Yo creo que los secretarios del gobierno tienen que estar alineados con la política pública que establece nuestra gobernadora y el programa de gobierno. El programa de gobierno, por el cual el pueblo de Puerto Rico votó en noviembre, habló de una reforma de permisos y tenía los lineamientos de esa reforma de permisos”, respondió Domenech. Almodóvar Vélez tiene una puesto de carrera en la OGPe, al que se reincorporará, dijo el secretario de la Gobernación. “Obviamente, cuando hay cambios dramáticos, con reformas como estas, siempre hay sus incomodidades, pero hay que trabajar las cosas según la política pública que establece nuestra gobernadora”, subrayó Domenech, durante la conferencia de prensa en la que hizo un recorrido sobre lo que, a su juicio, han sido los principales logros de González en sus primero 500 días al frente del país. Dispuesto a cambios en Ley 82 Mientras, a pesar de que defendió la ley tal y como fue aprobada, Domenech dejó abierta la posibilidad de analizar las enmiendas que trabaja la Legislatura para la recién aprobada Ley 82-2026, que limita las impugnaciones de permisos de construcción. Los cambios que se discuten, entre otras cosas, eximirían a los municipios del pago de la fianza del 10% cuando sean estos quienes soliciten paralizar las obras.“El Código de Permisos todavía está bajo la evaluación de la Legislatura, y la gobernadora podría aceptar unas enmiendas dentro de ese proyecto modificando la Ley 82″, expuso. “La gobernadora nunca descarta cambios en el Código de Permisos”, subrayó. Otra enmienda reduciría el porcentaje de la fianza. La nueva ley establece que toda solicitud de paralización de permisos “requerirá el pago de fianza, cuya cantidad nunca será menor del 10% del valor del proyecto propuesto, según surja de cualquier autorización del desarrollo emitida por la agenda competente”.“Vamos a dejar algo bien claro, la fianza solo se activa si se pide la paralización de la obra, no si se impugna. Si tú la impugnas administrativamente o judicialmente, no se activa la fianza”, argumentó. “Hay dispensas en las Reglas de Procedimiento Civil y hay organizaciones que proveen asistencias también para que no tengan que cumplir con el requisito de la fianza”, dijo. La gobernadora opinó el jueves que el estatuto no va “en detrimento de la gente”. Añadió que el requisito de una fianza equivalente al 10% de la totalidad del proyecto propuesto para toda solicitud es solo una “forma de delimitar el monto”.¿Por qué aprobar una medida como esta cuando hay tanta oposición?, se le cuestionó a Domenech.“Hay oposición, eso de tanta, discrepo. Porque hay mucha gente en el sector privado que representa a diversas industrias con muchos empleados que favorecen esta reforma de permisos”, insistió Domenech. “En una democracia, la mayoría, no la minoría, es la que prevalece; aun así, estas personas están siendo escuchadas”, aseveró.