Una primera sorpresa en Tribunales: muchos trotadores de ese ámbito señalan que la monumental y megamillonaria causa Cuadernos se encamina hacia la nulidad. Justo cuando el doméstico caso Adorni, que atosiga a la ciudadanía desde hace dos meses, avanza a complicaciones penales para el jefe de Gabinete. Un episodio de sideral significación económica se acomoda o esconde en alguna página interior de los medios, el otro persiste cuando es una bagatela de dólares y preside los titulares hasta por los centímetros de la nueva piscina del funcionario. Más de 60 días lamentando, crujiendo, sobre la vara alta contra la corrupción que impuso Javier Milei y que ahora su empleado no cumple. Como si hubiera un metro o centimetraje de una vara para medir el robo. De ahí que, un hombre sin formación jurídica como Javier Milei, se sofoque hasta con sus amigos de conveniencia por esa aparente arbitrariedad del periodismo y se resuma para él, a los gritos, en que el 95% de sus trabajadores son chorros, mal paridos y desestabilizadores. No distingue entre los obreros de la pluma y sus patrones –sería pensar desde un ángulo marxista–, confunde entre la opinión pública y la publicada, olvida que alrededor de 80 titanes empresarios involucrados en la mordida de la obra estatal no solo contratan a los estudios jurídicos más caros, también a sus inteligentes abogados. Dato que no se ignoraba, hace años, antes de empezar la causa Cuadernos: una distancia difícil de saldar entre un fiscal (Stornelli) y un juez del Estado (Bonadio) –aun con elementos probatorios y confesiones– frente a los acorazados técnicos de una profesión privada. Aunque el pronóstico es reservado, muchos se arriesgan a pensar por dónde sopla el viento de la ventana de la nulidad como triunfador en la final de los Cuadernos. Se advirtió en el interrogatorio de unas doce horas que atravesó en la semana Diego Cabot, el periodista que movilizó la tierra en su momento al difundir el contenido de unos Cuadernos en los que un chofer metódico había escrito los movimientos, entrevistas e intercambios dinerarios que su jefe, seguramente poco generoso con su empleado, había consumado con distintas compañías y personajes vinculados a la licitación y realización de distintas obras en el sector público. Algo así como la tangentópolis italiana, en la península forjada por una pyme desplazada de un concurso, en la Argentina constituida por un celoso escribiente que además fungía de chofer. El bombardeo que zanjó Cabot duró más, en apariencia, al que en el mismo día un magistrado le formulara al “pequeño J”, un siniestro sicario acusado por haber mutilado, asesinado y enterrado a tres jóvenes, adolescente una de ellas. Con la perspectiva de un lego, Cabot parece más peligroso, aunque en el juicio finalmente aparecieron los Cuadernos incriminatorios de cuya existencia se dudó por años entre los empresarios y los medios de comunicación. Más asombroso aún es el descubrimiento de que en tiempos democráticos en la Argentina funcionó una cámara de tortura semejante a la ESMA y al Atlético, o a la sofisticación brutal de Guantánamo, en la que un fiscal y un juez le arrancaban confesiones o arrepentimientos a los empresarios por pagar coimas. Como se ve en el cine norteamericano: uso indebido de la presión psicológica o extorsión mental sobre varias docenas de hombres conocidos que no parecen tener experiencia en tratativas, negociaciones o duras competiciones por un contrato, cuyas fortunas se han conformado en la inocencia del colegio primario.