La investigación de EL PAÍS sobre la huella de la pederastia en la Iglesia española es, como todas las grandes historias de este oficio, una mezcla de obsesión y de pensamiento a lo grande. Cuando la periodista Soledad Gallego-Díaz asumió la dirección de este periódico en 2018 pidió investigar los abusos. La premiada película Spotlight había puesto dos años antes el foco en el trabajo de The Boston Globe para destapar la dimensión del escándalo en la ciudad estadounidense. Otros trabajos periodísticos abordaron casos multitudinarios en Irlanda, Alemania o Francia. ¿Era España una excepción? A la cabeza de ese trabajo colectivo han estado desde el inicio Íñigo Domínguez, actual corresponsal en Roma de EL PAÍS, y el reportero Julio Núñez, nacido hace 36 años en Casar de Cáceres y autor del libro Padre Pica, sobre el hallazgo del diario de un cura pederasta. Cuando empezaron, apenas habían trascendido algunos casos aislados. Y Gallego-Díaz incluyó en su decisión un aspecto clave: no solo había que mirar los abusos, tenían que centrarse en el encubrimiento. Este domingo, Domínguez y Núñez han recordado los inicios de este trabajo durante la charla El valor de denunciar, en una de las salas del Matadero de Madrid donde el periódico celebra un Festival por sus primeros 50 años. “Sol nos dijo que esto lo tenía que hacer EL PAÍS porque, como se ha visto luego, nadie lo iba a hacer”, añade Domínguez, nacido en Avilés hace 53 años. La charla debía dirigirla este domingo la propia Gallego-Díaz, que no ha podido acudir por encontrarse enferma, tal y como han explicado los ponentes. “Sin ella esta investigación no habría salido”, ha recordado Núñez antes de pedir a los asistentes un aplauso para una profesional que ha sido todo en EL PAÍS: cronista parlamentaria, corresponsal en Bruselas, Londres, Buenos Aires o Nueva York, defensora del lector, directora adjunta, directora y columnista de referencia. Cuando la investigación echó a rodar, Julio Núñez se reunió en “un despachino” con el entonces subdirector José Manuel Romero. Apenas localizaron 34 sentencias buceando en la estadística judicial. Contactó con una víctima, Javier Paz, la causa de que Domínguez entrara en la historia. “Uno de mis mejores amigos de la infancia trabaja en EL PAÍS, se llama Íñigo”, le contó.La primera publicación se tituló La Iglesia española silencia desde hace décadas los casos de pederastia. Una decisión de la entonces directora adjunta Mónica Ceberio cambió el curso de los acontecimientos. Acompañaron la información con un correo electrónico (abusos@elpais.es) abierto a los afectados. Llegaron 100 correos el primer día, 500 en una semana. “Una avalancha”, rememoran los dos reporteros. Para abordar cada caso, establecieron un protocolo que han ido perfeccionando estos años. Fue la tarea más delicada porque, en muchos casos, los periodistas eran las primeras personas con las que hablaban las víctimas, con quienes rompían su silencio y a las que pedían justicia. Les obsesionaba responder a todos esos correos, a veces en su tiempo libre cuando ya habían terminado otras tareas. “Para las víctimas éramos la última esperanza”, asegura Domínguez. Conforme avanzó la investigación, decidieron elaborar un documento de excel para cruzar los datos. Aquello permitió desvelar patrones: cuando la Iglesia conocía alguno de estos casos, lo que hacía era trasladar al religioso señalado… y mantener el silencio.Escuchaban las historias, las contrastaban, las publicaban… pero no pasaba nada, han relatado ante un auditorio en completo silencio. Ni en la Iglesia ni en los partidos políticos, que en un primer momento no quisieron saber nada del asunto. Y empezó la batalla de los números. Toda gran historia se sustenta sobre datos. Y como no existían, pusieron en marcha su propia contabilidad: una base de datos que actualmente incluye a más de 3.000 víctimas y 1.600 denunciados.Después decidieron que, para romper ese silencio, debían saltarse a la Iglesia española y llegar al papa Francisco. En 2021, le hicieron llegar un dossier con 251 casos. El Papa había ordenado investigar cualquier caso que llegara a la Iglesia por cualquier vía. Y consiguieron que el Congreso aprobara por mayoría encargar una investigación al Defensor del Pueblo. Hace apenas dos semanas, el 15 de abril, España habilitó la primera oficina tutelada por el Estado para indemnizar a las víctimas, que hasta ahora solo podían pedir cuentas a la Iglesia.“Seguimos fiscalizando”, explica Núñez. “Las víctimas quieren la verdad y tienen fe en su periódico”. En el sexto dossier, que acaban de entregar a la Iglesia española y al Vaticano, incluyen 21 testimonios de víctimas de América Latina. Abren una nueva ventana para avanzar en la gran cuenta pendiente que les encomendó la directora: desenmascarar a quienes encubrieron a los abusadores cambiándolos de destino. “Tenemos que llegar a que asuman responsabilidades”, dice Domínguez. “Seguiremos trabajando”, prometen.