Durante ocho años la izquierda se ha dedicado a culpar a la derecha por no aprobar sus medidas, en lugar de reflexionar sobre sus efectos perjudiciales
Se cuece un 15-M de la vivienda para cuando gobierne la derecha en España. Quienes hoy llevan ocho años en el poder, muy probablemente, promoverán que la gente salga a la calle. Ni siquiera hace falta esperar a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente para imaginarlo. Los socios a la izquierda de Pedro Sánchez ya han empezado a construir ese relato: culpar a la derecha por no a...
probar sus medidas, en lugar de reflexionar sobre sus efectos perjudiciales.
Se ve con el decreto de prórroga de los alquileres: Gabriel Rufián dijo que se encargaría de hacer de Junts un partido residual si no apoyaba la iniciativa de Sumar. La polarización está siendo muy útil para eludir responsabilidades. Sin embargo, desde que ERC es socio del Gobierno —más en concreto, entre 2018 y 2023— los precios de la vivienda se han disparado un 12,5%, según el INE. Es honesto reconocer, pues, que no hemos llegado hasta aquí por los siete escaños teledirigidos desde Waterloo ni por Vox en una votación in extremis en el Congreso. Hemos llegado hasta aquí priorizando discursos maniqueos solo orientados al relato, obviando incluso la ley de la oferta y la demanda. El propio Rufián, en actos con Irene Montero, afirma que la solución no es construir más, cuando el déficit de pisos se cifra ya en 800.000 unidades para 2027 y España sigue a la cola en gasto en vivienda protegida. Mientras Rufián exhibe un billete de 50 euros en la tribuna del Congreso para acusar a la derecha de especuladora, llama la atención que Isabel Díaz Ayuso construyó entre 2021 y 2023 casi el doble de viviendas protegidas que la Generalitat de Cataluña, según el Boletín especial de vivienda social de 2024. Y aún así, las comunidades del PP tampoco han edificado lo suficiente para satisfacer la creciente demanda.
