Concentraciones, 75.000 cartas a los diputados y avalancha de burofaxes a los caseros para aumentar la presión

“Apuraremos hasta el último segundo”, insiste, sin tirar la toalla, el ministro de Consumo y Servicios Sociales, Pablo Bustinduy. A apenas dos días de que el Congreso vote, el próximo martes, la convalidación del decreto que prorroga por dos años la congelación del precio de los alquileres, los pronósticos no pueden ser más des...

favorables para Sumar, su principal impulsor. Junts, que tiene la llave de la aprobación, insiste en su rechazo y en su negativa a negociar oficialmente con el Gobierno. La parte socialista del Ejecutivo —que ya lo aceptó a regañadientes, tras un plante de los ministros de Sumar— lo da por muerto y, de hecho, pese a las declaraciones oficiales, prácticamente ha desistido de buscar apoyos. Pero Bustinduy, encargado por su formación de comandar la iniciativa, sostuvo desde el principio que dar por hecho el fracaso del decreto formaba parte “de una operación política con pretensiones claramente disuasorias”. Y ahí sigue, “hasta el último segundo”.

El ministro expone una y otra vez sus argumentos: “Hay más de dos millones y medio de personas afectadas. Se calcula que el decreto ahorraría a cada familia unos 2.000 euros al año. Y en ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla podrían llegar hasta 600 o 700 euros al mes”. Su baza es el “clamor social”, agrega, las encuestas que apuntan a un claro apoyo popular a la medida y la movilización de distintas entidades, desde el Sindicato de Inquilinos a varias ONG. Desde toda España llegan noticias de miles de burofax enviados por los inquilinos a sus caseros para reclamar la prórroga de los alquileres aprovechando el tiempo de vigencia del decreto mientras no se pronuncie el Congreso. “Y ya está demostrando su eficacia”, asegura Bustinduy, porque hay propietarios que han accedido a negociar aumentos del alquiler asequibles. Como parte de la presión social, el Sindicato de Inquilinos ha convocado este domingo una concentración ante la sede central del PP en Madrid y ha enviado 75.000 cartas a los diputados.