La introducción de la cadena perpetua es una nueva coartada para ahondar en el desmantelamiento del Estado de derecho
Decenas de miles de detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción no figuraban como pandilleros en los registros oficiales. El alarmante dato, sin embargo, no es una anomalía estadística. Es la señal de que el modelo de seguridad de Nayib Bukele ha dejado de distinguir con claridad entre culpables e inocentes. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser policial y se convierte en político.
La reciente reforma constitucional que introduce la cadena perpetua confirma esa deriva. No es solo un endurecimiento penal, es un cambio de paradigma: el abandono explícito de la lógica de reinserción para sustituirla por una visión punitiva absoluta, donde ciertos delitos quedan condenados de por vida sin matices ni horizonte de revisión. La reforma, que fue aprobada como tantas otras sin debate ni contrapesos, refleja otro patrón: cómo el Gobierno de Bukele adopta decisiones estructurales con rapidez, sin escrutinio y bajo una narrativa que presenta cualquier cuestionamiento como una defensa del crimen.
El Gobierno vuelve a escudarse en que la magnitud de la violencia durante décadas en el país centroamericano justifica medidas excepcionales. Es cierto que El Salvador ha experimentado una caída histórica de homicidios, lo que explica el respaldo popular del presidente y la fascinación que genera en otros países. La eficacia, no obstante, no puede convertirse en una coartada para desmantelar los principios básicos del Estado de derecho.
