Carmen Pano reitera en la tercera sesión del juicio que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid
El ecosistema del llamado caso Koldo podría tener gracia si no escondiera un drama. La realidad de que en la gestión pública, después de 50 años, decenas de condenados y una moción de censura contra la corrupción, sigue habiendo hueco para los corruptos de baja estofa. La tercera sesión del juicio por el amaño de contratos de mascarillas durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes lo ha vuelto a poner de manifiesto. Por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo han desfilado este jueves, entre otros, una empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama; la hija de esta, que era la administradora de una empresa de la que admite que no sabía casi nada pero que compró una casa para que la disfrutara el exministro de Transportes; y una mujer a la que su jefe le pidió en dos ocasiones que entregara 10.000 dólares en efectivo a un hombre al que no conocía (el hermano de Koldo García) y obedeció sin preguntar ni preguntarse si aquello era normal.
Tras dos sesiones centradas en los enchufes en empresas públicas de dos mujeres vinculadas al exministro de Transportes, la jornada de este jueves ha girado en torno a otros de los puntales del caso: las contraprestaciones en metálico o en especie que, según la Fiscalía Anticorrupción, recibieron Ábalos y Koldo García por los favores que les hacían a las empresas de la trama. Las dos testigos estrellas para los iniciados en la trama corrupta y sus múltiples ramales eran desde el principio Carmen Pano y Leonor González Pano. Madre e hija. Dos de esos personajes secundarios que un día debutaron en el serial del caso Koldo y ahora son candidatos a protagonizar su propio spin off.
