El organismo de Trabajo completa su investigación a la empresa de reparto, que en enero anunció su conversión a un modelo asalariado para evitar la amenaza penal a sus dirigentes
Miles de personas que repartieron para Uber Eats entre 2022 y 2026 recibieron este jueves un mensaje en sus móviles. Era un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les notificaba sus nuevos periodos de alta en el régimen general a cuenta de la compañía de reparto a domicilio, pese a que durante esos periodos eran autónomos. Ese envío masivo de mensajes es resultado de la investigación a Uber Eats que Inspección inició en verano del año pasado, bajo la sospecha de que esos autónomos realmente debían ser asalariados. Inspección llega a la conclusión de que eran falsos autónomos, y por ello reclama a la empresa unos 110 millones de euros en cotizaciones impagadas tras dar de alta a unos 60.000 repartidores. Aún queda por definir la sanción administrativa por el uso de autónomos durante estos años, extremo que la Inspección aún no ha cerrado.
Así lo confirma a este periódico el propio organismo inspector, dependiente del Ministerio de Trabajo. “Lo hemos dicho muchas veces: una persona con una bicicleta y una mochila no es un autónomo. Ninguna empresa está por encima de la ley”, trasladan en el departamento que dirige Yolanda Díaz. Por su parte, un portavoz de Uber dice: “Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan y seguiremos trabajando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”.
