El expresidente de Venezuela y su esposa enfrentan cargos penados con hasta 30 años de cárcel
El caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores avanza ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras la primera audiencia el pasado 5 de enero, en la que el depuesto dirigente venezolano se declaró “inocente” de los cuatro delitos relacionados con narcoterrorismo (al igual que su esposa), este jueves 26 de marzo tiene lugar la segunda audiencia del proceso judicial.
Tanto Maduro como Flores se declararon sin recursos para costear a sus abogados y piden que sea el Estado venezolano quien asuma el pago de la factura, alegando que así lo establece la legislación de su país. Con base en este argumento, tanto el prestigioso Barry Pollack (abogado de Maduro, conocido porque fue quien logró la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks), como Mark Donnelly (abogado de Cilia), sostienen que el bloqueo de fondos decidido por Estados Unidos vulnera el derecho de los acusados a elegir su representación legal, protegido por la Constitución, y afirman que la única solución a este problema es “la desestimación del caso”, algo improbable.
“La legislación venezolana no establece ‘la obligación’ del Estado de sufragar honorarios de abogados privados para representar en procesos judiciales a personas naturales acusadas penalmente”, explica el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien estuvo presente en la primera comparecencia de Maduro y Flores ante el juez. “Lo que sí establece es la obligación de representar o costear la representación judicial en casos en los que se vean afectados ‘los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República’. Por su parte, la ley estadounidense no reconoce el derecho de una persona natural acusada penalmente en una corte federal de acceder a fondos públicos de su país de origen para costear los honorarios de sus abogados”.
