La Generalitat garantiza que los acuerdos con docentes y ‘mossos’ están blindados pero no explica cómo para mantener la tensión en las negociaciones con ERC
Alícia Romero, responsable de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, es probablemente la persona a quien menos debe preocuparle no tener todavía unos Presupuestos aprobados. Ya tiene sus cuentas elaboradas y presentadas, pero como responsable de las arcas catalanas una prórroga presupuestaria le permite llevar el gasto de la Administración catalana a rajatabla y cumplir con el compromiso de dejar el déficit público en el 0,1% del producto interior bruto (PIB), es decir, de cerrar el año con unas cuentas prácticamente equilibradas. Y ello se debe a que la prolongación de los últimos Presupuestos, de 2023, complica la adopción de nuevos programas de gasto e inversiones. Y eso ya no sería del agrado del resto de sus colegas de gabinete. En total, el Govern calcula que, si ERC no apoya su proyecto, se perderán 1.500 millones que podrían servir para reforzar los servicios públicos. Por ello, sorprende que el Ejecutivo de Salvador Illa garantice con tanta firmeza que puede mantener los acuerdos alcanzados con sindicatos sobre subidas salariales. Pero una cosa y la otra no son incompatibles.
