El alto tribunal tilda la petición, que también hubiese afectado a Telefónica y Oesía, de “extravagante”, pero impone un estricto deber de reserva
El litigio que enfrenta a Santa Bárbara con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por las ayudas públicas para el desarrollo de la futura artillería del Ejército de Tierra, ha comenzado a dar sus primeros pasos en el Tribunal Supremo. La filial española de la estadounidense General Dynamics, que busca paralizar los 3.002 millones en préstamos al 0% de interés, solicitó proteger ciertos documentos y fragmentos de su recurso para evitar que las demandadas pudieran conocer determinados detalles. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado esta petición al entender que eso podía afectar al derecho de defensa tanto de las dos empresas adjudicatarias, así como otras personadas en el procedimiento, como Telefónica y Oesía, de acuerdo a un auto con fecha del pasado 18 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico.
Santa Bárbara pidió ante el Tribunal Supremo la nulidad de dos apartados del real decreto del 14 de octubre de 2025 por el que el Ministerio de Industria concedía esta ayuda plurianual a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las dos compañías que dirigen los hermanos Escribano ―que exploran fórmulas de integración de ambas firmas― con el objetivo de prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar del Gobierno. Esta subvención supone un apoyo clave para estas dos compañías, ya que tienen que desarrollar desde cero unas capacidades con las que no cuentan.
