Los reproches entre PP y Vox no impiden la aprobación de una doble reforma que ampliará el número de beneficiados por las ayudas
El Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 23 de febrero por unanimidad una nueva modificación de la ley autonómica de víctimas del terrorismo que amplía las ayudas económicas y reconoce expresamente a colectivos que habían quedado fuera en la aplicación inicial de la norma, aprobada en 2023. Entre ellos figuran las víctimas de amenazas, extorsiones...
o secuestros que se vieron obligadas a cambiar su lugar de residencia, así como los herederos hasta segundo grado de víctimas fallecidas durante la tramitación de la ley. La rara sucesión de cambios, con una reforma en diciembre y otra en febrero, en el fondo refleja las tensiones entre PP y Vox por apadrinar las modificaciones.
Los ajustes, que se suman a los ya acordados en diciembre, podrían beneficiar ―según estimaciones preliminares de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (Ascanvite)― a cerca de un centenar de personas asentadas en municipios como Castro-Urdiales o Laredo tras haber abandonado el País Vasco durante los años de mayor presión de ETA.
La reforma de febrero corrige lagunas detectadas desde la entrada en vigor de la ley en 2023 y afina aspectos que ya se intentaron resolver en la modificación de diciembre. En la práctica, permitirá que quienes fueron rechazados en la primera convocatoria ―o ni siquiera presentaron solicitud ante la previsión de exclusión― puedan ahora acogerse a las compensaciones complementarias previstas por la comunidad.
