A Luis Alberto Pino Soto, estudiante de un liceo en Arica, en el norte de Chile, se le perdió el rastro hace 40 años, en la víspera de una protesta nacional contra el régimen
En septiembre de 2023, a la casa de los padres de Luis Alberto Pino Soto, a quien buscan hace cuatro décadas, cuando desapareció a sus 15 años, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llegó una notificación de un juzgado de Arica, en el extremo norte de Chile, donde su hijo era citado por no ir a votar en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo, de acuerdo con los registros del Servicio Electoral (Servel): la ley de sufragio obligatorio sanciona a quien no acude a las urnas, si no presenta una justificación. La carta no solo fue escalofriante y un nuevo dolor para la familia, que tiene una herida abierta desde el 1 de julio de 1986, cuando vio por última vez a Luis. También dejó en evidencia, tiempo después, un error administrativo del Estado que se arrastró por años y que, al corregirse, derivó en que el adolescente haya sido reconocido oficialmente este jueves como una de 1.469 personas desaparecidas, en una ceremonia en Arica: su nombre no quedó en los registros del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, que impulsó Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática y en el que se identificó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
