La teniente fiscal recurre la tasación, de casi 80.000 euros, comunicada por el tribunal y reclama que el colegio de abogados de Madrid no participe en el cálculo
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, también ha recurrido ante la Sala Penal el importe de las costas, de 79.942 euros, propuesto por la Sala Penal por el procedimiento penal que derivó en la condena por revelación de secretos del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En el escrito presentado por Sánchez Conde, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la teniente fiscal pide a la Sala Penal que anule las costas y advierte que la cifra reclamada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, “no se puede justificar, ni siquiera ante el Tribunal Supremo”, teniendo en cuenta que la indemnización impuesta a García Ortiz es de 10.000 euros. Sánchez Conde, como ya hiciera la Abogacía de Estado, reclama también a la Sala Penal que aparte al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) del cálculo de las costas, ya que formó parte del proceso al ex fiscal general como acusación popular.
El pago de las costas que el Supremo impuso a García Ortiz es el único elemento pendiente de ejecución de la condena del Supremo a García Ortiz por la filtración de un correo vinculado a González Amador y la difusión de una nota informativa con la que el ministerio público desmontó la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con el abogado de su pareja. La pena principal, la inhabilitación para el cargo de fiscal general, quedó ejecutada con la dimisión de García Ortiz, días después de que se conociera la condena, mientras que la multa (7.200 euros) y la indemnización (10.000) fueron abonadas íntegramente por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) gracias a donaciones recabadas entre sus asociados.
