El supervisor se limitará a incoar, en su caso, expedientes sancionadores, y hará en el futuro un dictamen de recomendaciones, pero no sobre responsabilidades
El 13 de mayo, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, prometió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre el apagón ocurrido 15 días antes, que este elaboraría “un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón eléctrico en la Península Ibérica”. Y añadió: “Este documento que pensamos emitir podrá no limitarse al ámbito eléctrico”, pues el incidente también había afectado “gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios”.
Este informe abierto nada tenía que ver con el expediente informativo, que la presidenta anunció también ese mismo día, para determinar si los hechos podrían ser motivo de sanción, lo que se traduciría, en su caso, en la incoación de un expediente sancionador a los posibles culpables, con multas de hasta 60 millones de euros o la posibilidad de inhabilitación que señala la Ley del Sector Eléctrico. Los expedientes son habituales en los casos de incumplimientos de la ley por parte de sectores regulados, como la distribución o el transporte de electricidad, o, por ejemplo, manipulaciones de precios.
