El 112 derivó la llamada a los servicios de Emergencia de la Comunidad Valenciana, aunque había un centro de urgencias murciano a menos de tres kilómetros
Antonio Morales, un bombero jubilado de 73 años, natural de Murcia y aficionado al ciclismo, sufrió un accidente el pasado 10 de septiembre en el límite entre la Región de Murcia y la provincia de Alicante, lo que provocó que la llamada a los servicios de Emergencias fuera derivada de una comunidad autónoma a otra, retrasando la llegada de la ambulancia. El hombre acabó falleciendo y su familia lucha ahora en los tribunales para esclarecer si su vida se podría haber salvado de no haber existido una disputa sobre quién tenía las competencias para atenderlo.
“El único interés del 112 sobre el accidente de mi padre fue saber dónde se había caído”, resume el hijo del fallecido, Antonio Morales Ayala, en una conversación telefónica con EL PAÍS en la que no puede ocultar su incredulidad ante lo que considera un cúmulo de negligencias tras el trágico accidente.
Antonio Morales padre trabajó más de 35 años en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y, tras su jubilación, dedicaba buena parte de su tiempo libre al ciclismo. Aquella mañana del 10 de septiembre salió solo para hacer una ruta y perdió el equilibrio al cruzar un bache en la calzada, chocó contra un poste y cayó al suelo. Eran las 10 de la mañana. En el atestado remitido por la Policía Local de Orihuela al juzgado número 1 de ese municipio, que ha abierto diligencias e investiga el caso como un posible homicidio por imprudencia, los dos agentes que se desplazaron hasta el lugar confirman que “el punto exacto donde se inicia el siniestro se encuentra íntegramente dentro del término municipal de Beniel”, en la Región de Murcia. “Aunque el lugar se halla próximo a la línea divisoria con Orihuela [en Alicante, Comunidad Valenciana], el punto exacto donde pierde el equilibrio el ciclista, el impacto y la posición final del mismo queda comprendido en el término de Beniel conforme a los límites establecidos en la Cartografía del Instituto Geográfico”, recoge el atestado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
