Se estima que entre 2016 y 2022 hubo en Filipinas 30.000 asesinatos extrajudiciales con la supuesta intención de limpiar el país de adictos y traficantes. El exmandatario filipino fue acusado de crímenes contra la humanidad y espera su juicio en La Haya
Arlene Benjamin recuerda cada detalle de la noche en que mataron a su marido. Ocurrió en septiembre de 2016. Cuenta que, al caer la tarde, él volvió a casa agotado tras finalizar su jornada como conductor de autobús. Cenó ligero y se sentó a ver la televisión. Mientras su marido dormitaba en el sofá, ella divisó dos figuras en el exterior. Pensó que se trataba de chavales tramando alguna gamberrada. De pronto, irrumpieron en su hogar y comprobó que eran hombres armados con el rostro oculto con pasamontañas. Sin mediar palabra, los dos intrusos dispararon 16 tiros a su marido. Una bala alcanzó a su hijo de cinco años. Benjamin acertó a salir a la calle pidiendo socorro con el chiquillo ensangrentado en sus brazos. Una vecina llevó al niño al hospital y sobrevivió. “Creo que salvó la vida como recompensa a la inmensa bondad que siempre tuvo mi marido”, dice, pujando por contener las lágrimas.
En Bagong Silangan, una humilde barriada a las afueras de Manila, se reúnen para dar testimonio, además de Benjamin, otras siete familiares de personas que murieron en la guerra sucia contra la droga emprendida por Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022. El exmandatario lleva desde marzo de 2025 detenido en La Haya a la espera de juicio por crímenes contra la humanidad. Instruye la causa el Tribunal Penal Internacional (TPI). Sobre los hombros de Duterte pesa una acusación que describe una campaña de terror sistemático, una estrategia para cortar por lo sano con el consumo de estupefacientes basada en una licencia para matar sin límites. La coalición filipina para el TPI calcula que, en aquellos años de plomo, fallecieron en asesinatos extrajudiciales unas 30.000 personas, casi todos varones.
