Una sentencia de 2013 dejó a más de 200.000 personas dominicanas de origen haitiano sin nacionalidad. Aunque algunas han conseguido naturalizarse, se calcula que 150.000 personas aún son apátridas y sufren políticas migratorias cada vez más violentas
“Es como si no existieras. No puedes ni comprarte una tarjeta SIM para el teléfono. Cuando un Estado decide quitarte la nacionalidad, te está matando civilmente”. Así habla Franklin Dinol, coordinador nacional del movimiento Reconoci.do, que reclama la plena ciudadanía de la población de origen haitiano nacida en República Dominicana. El 23 de septiembre de 2013, Franklin y otras 200.000 personas dejaron de ser dominicanas. De nada sirvió que hubieran crecido en la isla caribeña, que hablaran español, ni que todos sus vínculos humanos y profesionales estuvieran allí. Su ciudadanía fue anulada.
La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional eliminó de forma retroactiva el derecho a la nacionalidad por nacimiento, el ius soli o derecho de suelo para personas nacidas en el país entre 1929 y 2010 de padres haitianos. Aunque gracias a la ley 169-14 de Naturalización se permitió regularizar a algunas, se calcula que, en 2025 aún había alrededor de 150.000 en ese limbo, según datos de Reconoci.do. Estas personas ―y también los migrantes haitianos― están expuestos a redadas migratorias cada vez más frecuentes que tienen un fuerte componente racial, denuncian activistas, y también chocan contra importantes barreras para acceder a educación y sanidad.
