El juez quiere confirmar si la fórmula de contratación supuso una ventaja para el empresario o si en realidad se empleó también en otras adjudicaciones
La Fiscalía Europea ultima un informe para determinar si el empresario Juan Carlos Barrabés —imputado tanto por la Fiscalía Europea como por el juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno— recibió trato de favor en la adjudicación de contratos públicos por importe de 8,4 millones de euros. Un perito de Hacienda ya realizó un informe rubricado el pasado mes de agosto en el que detectaba “irregularidades” en las adjudicaciones que Red.es (empresa dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) comprometió a las empresas de Barrabés. Ahora, el juez de garantías de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha obligado a los fiscales a que admitan la petición de Barrabés y amplíen esta pericial para determinar si la fórmula utilizada para resolver los concursos públicos estuvo realmente “adulterada” o si, en realidad, se utilizaba en otros procedimientos.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha admitido un recurso que había interpuesto la defensa de Barrabés para que se analizaran expedientes “aleatorios” de distintas adjudicaciones y se constatara si se realizó el mismo cálculo en otros expedientes de Red.es que no son objeto de la causa, según avanzan fuentes de la investigación a EL PAÍS. Las pesquisas de la Fiscalía Europea, que partieron de la causa contra Begoña Gómez, estudian la tramitación de dos contratos —“Formación empleo juvenil para la economía digital” y “Servicio de formación para personas desempleadas”—, que fueron parcialmente financiados con fondos europeos y que se entregaron a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next (empresa de Barrabés) y The Valley Digital Business School.
