Moncloa prepara iniciativas, en especial en vivienda, pero sobre todo un choque político con las autonomías del PP para evitar otra Extremadura. PNV y ERC presionan para cerrar sus negociaciones clave. El frente judicial inquieta, pero el PP también tendrá el suyo: el ‘caso Kitchen’
El final de 2025, un año político muy complejo para el Gobierno, no podía ser más duro y a la vez más contradictorio. El Ejecutivo termina la temporada contra las cuerdas, con una derrota demoledora en Extremadura, donde el 60% ha votado a la derecha y ultraderecha, algo impensable hace solo dos años, cuando Guillermo Fernández Vara aún ganó las elecciones por poco, y con varios frentes judiciales muy delicados abiertos en canal. Pero a la vez los datos económicos siguen mejorando, España es citada como ejemplo de éxito, el empleo sigue alcanzando cifras récord, la bolsa y la recaudación fiscal también, y el Ejecutivo termina el año subiendo mucho las pensiones —hasta un 11% las mínimas— y el sueldo de los funcionarios y se prepara para un aumento significativo del salario mínimo en las primeras semanas del nuevo año.
Estos dos mundos paralelos, alegría económica y angustia política, van a volver con más fuerza aún en 2026, según las previsiones que manejan todas las fuentes consultadas, tanto del Gobierno como de sus socios parlamentarios y de la oposición. Pedro Sánchez y su equipo de máxima confianza en La Moncloa están aprovechando el descanso navideño para pensar en un giro, un golpe de efecto en enero que pueda frenar la sensación de hundimiento de la izquierda que dejó Extremadura para que no contagie a la siguiente elección, la de Aragón, el 8 de febrero, y después a Castilla y León, en marzo, y más tarde a Andalucía. Los ministerios han enviado muchas ideas de iniciativas de impacto que no necesitan pasar por el Congreso que está recolectando La Moncloa para gestionar anuncios en enero.
