La posible culpabilidad de un centro público abre la vía de demandas de responsabilidad patrimonial a las empresas afectadas
Diferentes investigaciones tratan de aclarar cuál es el origen del brote de peste porcina africana que ha matado hasta ahora a 26 jabalíes en el parque de Collserola (Barcelona) y obligó a la Generalitat a habilitar un cinturón de seguridad de 20 kilómetros en torno al lugar en el que apareció la primera víctima. Activadas todas las alarmas, el sector ganadero ha intensificado sus controles ante el riesgo de que el virus alcance sus granjas de cerdos y ha visto cómo los precios caían y algunos países compradores restringían las compras de productos procedentes de la zona afectada. El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), un laboratorio dependiente de la Generalitat, está en el ojo del huracán como posible vector del contagio. Y si se confirma, la Administración catalana se arriesga a tener que afrontar demandas de responsabilidad patrimonial ante las pérdidas ocasionadas a un sector que exporta cada año por importe de 8.000 millones de euros.
El CReSA forma parte de la red de centros del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), una empresa pública de la Generalitat adscrita al Departamento de Agricultura. De ahí que su posible responsabilidad como transmisor es una debilidad para la Administración si se demuestra que la cepa de los jabalíes que murieron por peste porcina es la misma que utilizaron para experimentos realizados en el centro, ubicado dentro del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “Si es posible imputar el daño causado a una institución pública, se puede solicitar la responsabilidad patrimonial por la incorrecta actuación de la Administración”, señala Marta Franch, Catedrática de Derecho Administrativo de la UAB. En su opinión, las empresas que quisieran reclamar no podrán atenerse a las medidas aplicadas para contener el foco, porque fueron proporcionales, pero sí a la actuación del laboratorio.
