El fondo de 25 millones anuales, dotado desde 2022 en los Presupuestos del Estado para estas compensaciones, no se ha usado hasta ahora y sus cantidades no se acumulan
A. G. G., de 72 años, falleció el pasado 14 de diciembre en Legazpi (Gipuzkoa) a causa de un mesotelioma pleural adquirido por su exposición al amianto a lo largo de distintos trabajos como electricista y responsable de red de aguas ejercidos desde 1970. En su esquela quedaba claro bajo su nombre: “víctima del amianto”. Es muy probable que este trabajador sea el último fallecido por esta causa antes de que el Estado español, con muchos años de retraso respecto a otros países europeos, empiece a indemnizar a las decenas de miles de damnificados por enfermedades relacionadas con el asbesto, peligroso para la salud. Sin embargo, las familias de las miles de personas que ya ha muerto por exposición al amianto no podrán beneficiarse de estas compensaciones.
La Seguridad Social ha empezado a notificar en los últimos días el próximo abono de indemnizaciones a varios perceptores de pensiones de incapacidad permanente derivadas de contingencias profesionales causadas por alguna de las patologías derivadas de la exposición al amianto. Previsiblemente, antes de que acabe el año se habrá notificado el pago de unas cinco indemnizaciones, según fuentes de este organismo. De esta forma, acaba de activarse el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, casi cuatro años después de su creación y primera dotación en 2022.
