Los magistrados también desmontan la defensa política de la presidenta al negar que se trate de un ciudadano anónimo
La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los magistrados aluden a la profesionalidad de los jueces implicados en esos dos procedimientos, uno ya cerca del banquillo por presunto fraude fiscal de 350.910 euros, y otro todavía en instrucción por presunto soborno empresarial de medio millón de euros. “Hay que presumir”, dice la sentencia del Supremo con respeto a los jueces que dirimirán esas dos causas, “que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido”.
