Colectivos evalúan en un informe la gran obra de López Obrador para el sur del país, que cumplirá un año de operaciones el próximo 1 de diciembre
Desde hace casi un año, el Tren Maya opera en el sur de México. Con 1.500 kilómetros de vía rodeando la península de Yucatán, este megaproyecto ha sido protegido por el Gobierno de México y criticado por las organizaciones de la sociedad civil. Este martes, un grupo de colectivos locales, nacionales e internacionales publicaron su informe Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones en los estados de Quintana Roo y Campeche. Centrado en los tramos 5, 6 y 7, los más complejos ecológicamente y encargados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el documento detalla un total de 15 aspectos como impactos ambientales, la ocupación militar, territorial y corporativa, la inseguridad, el impacto social, la privatización del territorio…. que, argumentan, se han visto causados o acelerados por el Tren Maya.
“Hicimos un viaje de campo en abril de 2025, siempre con la idea de una iniciativa de la sociedad civil para tratar de monitorear y denunciar los avances de la situación en violación de derechos humanos y de la naturaleza vinculada al megaproyecto”, explica Giovanna Gasparello, antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y una de las autoras. El informe es un seguimiento a la investigación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, una institución ciudadana que documenta afectaciones a ecosistemas causadas por gobiernos y corporaciones.
