Incluso si es exculpado por su estado de salud, la sentencia del proceso contra el ‘expresident’ y su familia, que arranca este lunes en la Audiencia Nacional, marcará la forma en que se comprenda su larga etapa al frente de la Generalitat

Jordi Pujol dejó a Cataluña boquiabierta la tarde-noche del 25 de julio de 2014. En un escrito breve, el expresidente de la Generalitat afirmó que su familia había mantenido una fortuna oculta a Hacienda, a lo largo de más de tres décadas, en un banco andorrano. La confesión fue, para muchos y en especial para quienes le habían votado con fidelidad y venerado como padre de la patria, una decepción de esas que hielan el alma; para otros, fue la confirmación de una sospecha. Además de dividir a la sociedad catalana, el mea culpa en...

tonado por Pujol tuvo dos efectos inmediatos: sepultó la imagen pública de uno de los personajes más relevantes de la política contemporánea española y activó a máxima potencia la maquinaria judicial, que desbordó los contornos de aquel acto de contrición: no es solo que Pujol y su familia hubieran tenido dinero sin declarar en el extranjero, sino que ese dinero era hijo de la corrupción política.

Lo que está en juego a partir de este lunes en la Audiencia Nacional, tras un periplo de más de una década, es algo más que un juicio a una saga familiar y a una decena de empresarios: se juzga una larga etapa de la Cataluña democrática y una forma de entender las relaciones entre negocios, poder y familia. Con independencia de si Pujol, de 95 años, afronta finalmente el proceso o es exculpado en la primera sesión por su estado de salud, el resultado marcará la forma en que se comprenda su largo mandato (1980-2003) al frente de la Generalitat. Los magistrados decidirán si esos 23 años estuvieron marcados por la corrupción en la administración pública (origen del enriquecimiento de los Pujol, según la Fiscalía), o bien si el patrimonio andorrano fue resultado de un pecado cometido en la esfera personal o familiar, sin contaminar (más allá del impago de impuestos) el servicio público prestado.